La CTA adhirió al pedido de anulación del indulto a José Martínez de Hoz a través de una nota enviada al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. En el escrito sostiene que “el ministro de Economía de la última dictadura militar, es la máxima representación de los grupos económicos que financiaron el terror para la reestructuración económico-social por la cual se puso en marcha el golpe de estado del 24 de marzo de 1976”. La Central lo planteó en la presentación ante el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de Madrid a cargo del juez Baltasar Garzón en 1998: “Fue un plan concertado por los grandes grupos económicos y las fuerzas armadas para implementar el terrorismo de Estado y el genocidio con el objetivo de disciplinar socialmente a la clase trabajadora para obtener una más alta tasa de ganancia y concentración económica”. Y agregó que “la anulación del indulto a Martínez de Hoz, significará abrir el camino para que los que financiaron y se beneficiaron con la dictadura y cuyos privilegios continúan hasta nuestros días, sean por fin sentados en el banquillo de los acusados”.