En la Argentina, 23.017 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 21 años se encuentran privados de libertad, y la mayoría de ellos -el 89 por ciento- no lo está por causas penales, sino como consecuencia de la aplicación de criterios tutelares que, tras eufemismos como “situación de peligro”, “riesgo social” e incluso “abandono”, disimulan que la verdadera causa de semejante nivel de “institucionalización” es la pobreza.
Así lo revela un informe presentado en forma conjunta por Unicef y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tras un relevamiento realizado durante 2005 en establecimientos y programas de todas las provincias. Pero las cifras son un piso. Por ejemplo, el informe no incluye a los 3.438 chicos de edades diversas que, por ejemplo en Córdoba, están institucionalizados por razones que nada tienen que ver con delito alguno. Es probable que la cantidad de afectados también esté subestimada en otras provincias, algo que los propios autores del trabajo advierten en el escrito.
Para los investigadores, la información recogida confirma que en la Argentina subsiste una “lógica del encierro y cierta tutela con sentido de coerción que, con el pretexto de proteger a los niños que se encuentran en una situación de carencia socio-económica, interviene privándolos del goce de sus derechos”.