A través de un comunicado de prensa, el secretario general de la CTERA, Hugo Yasky, denunció los intentos del Gobierno de la provincia de San Luis de impulsar una nueve ley docente que, según explica, “avanza sobre los derechos de los trabajadores de la educación y la escuela pública misma”.

El dirigente explicó que dicha ley “atomiza al sistema educativo”, ya que impulsa convertir cada establecimiento en un ente autónomo donde “el directivo se transformará en un gerente sometido al arbitrio del poder político gobernante”. Según esta ley, se le otorgará potestad a tres personas de cada establecimiento, un directivo, un padre y un docente, para manejar los fondos, nombrar o cesantear docentes, decidir el monto de las retribuciones, etc. “en definitiva se trata de convertir al sistema de educación pública en una red de microempresas autogestionadas, al estilo de lo que se propone en las versiones del ultraneoliberalismo más dogmático”, explican los docentes en el comunicado de prensa.

La medida, analizaron también, es “exactamente contraria de lo que los ministros de Educación de todo el mundo, convocado por la UNESCO en Brasilia, proclamaron unánimemente al ratificar la educación como derecho social que los Estados deben garantizar con igualdad al conjunto de los ciudadanos”.

La CTERA volvió a exigir a las autoridades políticas de San Luis que se respeten los compromisos asumidos ante el gremio docente provincial, ASDE, ante la CTERA y ante el Gobierno nacional luego de la firma del Acta de Mediación que culminó con un conflicto en la provincia que se extendió por dos largos meses. “Pedimos esto porque resulta inadmisible que cuando todavía estamos padeciendo el fracaso de los experimentos de los tecnócratas de la desregulación educativa, se pretenda gestar con el usufructo de una mayoría parlamentaria automática una embestida sin precedentes contra la escuela pública”, explicaron.

Asimismo, informaron que han transmitido al ministro de Educación de la nación, Daniel Filmus, un pedido para que garantice el cumplimiento de dicha acta “que este proyecto desconoce flagrantemente”, denunciaron y expresaron que las organizaciones docentes de todo el país se declaran en estado de alerta y se reunirán la próxima semana en un Plenario de Secretarios Generales para analizar ésta y otras problemáticas que viven en distintas provincias.

Porqué rechazan el proyecto

En un documento elaborado por la CTERA, los docentes explicaron que el proyecto del gobierno de Rodríguez Saá plantea “la creación de un Fondo Educativo por Establecimiento de Gestión Estatal que se supone será de jurisdicción provincial y estará destinado a cubrir financiera y económicamente aspectos del desenvolvimiento de la actividad escolar”. El rechazo a la medida radica en que ésta tiene antecedente en “las propuestas de los sectores conservadores que proponen la autonomía de gestión escolar como forma de desregulación del sistema de educación pública. Es decir, el umbral de la privatización mediante el recurso de entregar las unidades educativas a la comunidad”.

Por otra parte, explicaron que la nueva ley significa un “intento de Municipalización de la Educación o más gravemente de delegación privada, toda vez que se establece un paso previo con la creación de un Consejo Escolar Interino, que tendría a su cargo los fondos y otros manejos”.

En cuanto al trabajo docente, la ley en cuestión, en su artículo primero prevé un fondo para cubrir vacantes docentes, “lo que viola groseramente disposiciones contenidas en el Estatuto Docente, toda vez que el financiamiento de los cargos en cuanto a su cobertura no puede estar supeditado a la existencia de un fondo”, explicaron los representantes docentes.

Además, informaron que el artículo 5 de este proyecto pretende reducir el sistema de concursos para la cobertura de cargos docentes al mero ámbito de la escuela, “circunstancia a todas luces inadmisible y que refuerza la idea de coto de caza que vulnera el Estatuto, ya que tales convocatorias deben estar perfectamente reglamentadas y especificadas en todos sus aspectos, no pudiendo reducirse a meros criterios transparentes como dice la iniciativa”, denunciaron.

Además de otros puntos del proyecto que avanzan sobre el trabajo docente y sobre el sistema público, según notaron los integrantes de la CTERA en dicho documento, remarcaron que el artículo 11 “establece solapadamente un sistema de persecución al otorgar un poder discrecional al Director ante inasistencia o incumplimientos de los restantes miembros del Consejo”.