El 25 de noviembre fue declarado “Día Internacional Contra la Violencia Hacia la Mujer” en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981. La fecha fue elegida en conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, mujeres de la República Dominicana, símbolos visibles de la resistencia contra la dictadura del General Rafael Trujillo. Ellas se atrevieron a desafiar al dictador, y por esa actitud fueron perseguidas y encarceladas, al igual que sus esposos, Manuel Tavaréz Justo, Leandro Guzmán y Pedro González.

Minerva Mirabal era integrantes de un movimiento para derrocar al dictador Leónidas Trujillo. Fue una de las fundadoras y dirigentes de la Agrupación 26 de Junio, creada en enero de 1960. Ella, junto a un centenar de miembros de la agrupación, fue encarcelada ese mismo mes. Fueron sometidos a terribles torturas y algunos murieron. Además de opositora política, Minerva se resistió al acoso sexual del tirano, lo que convirtió a su familia en blanco de persecuciones.

La escalada represiva del régimen generó mucho descontento en la sociedad dominicana. Trujillo, entonces, se vio obligado a liberar a las mujeres presas en febrero de 1960.
En mayo, frente a una nueva ofensiva del dictador, Minerva y su hermana María Teresa fueron enjuiciadas por “atentar contra la seguridad del Estado” y condenadas a 5 años de prisión. Pero nuevamente, frente al creciente descontento de amplios sectores con el régimen, fueron liberadas junto a otras mujeres.

Finalmente, el 25 de noviembre, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron a visitar a sus esposos detenidos en la prisión de “La Victoria”. las tres fueron violentamente apresadas a dos kilómetros de la misma. Llevadas a unos cañaverales apartados de la carretera, fueron violadas y asesinadas a palos y puñaladas. El compañero que iba con ellas, Rufino de la Cruz, fue ahorcado. Los cadáveres fueron puestos en el vehículo y arrojados a un precipicio. Los diarios publicaron la noticia como "un accidente en el que murieron tres mujeres y un chofer". Sus bienes fueron confiscados por orden de Trujillo.

A las hermanas Mirabal se las conocía por el nombre de “las Mariposas”, el régimen tirano intentó cortar sus alas, pero la lucha por la liberación de la mujer y los pueblos de América Latina las tienen como ejemplo de resistencia y libertad.

¿Qué se entiende por violencia contra la mujer?

La violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades. La violencia contra la mujer es un grave problema social que, además de cuestionar derechos humanos fundamentales, debido a su magnitud, presenta secuelas que se transforman en un impedimento para el desarrollo de los países. La violencia contra las mujeres es un delito de gran proporción en todo el mundo. Lo que ha permitido que este tema se instale en los ámbitos nacionales e internacionales como un problema que debe ser tomado con políticas concretas desde los distintos países del mundo, para contribuir a su disminución y erradicación.

La Cuarta Conferencia sobre la Mujer en Beijing, desarrollada en 1995, dedicó todo un espacio a tratar esta problemática y señala que:

“La violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los cuales se coloca a la mujer en una posición de subordinación frente al hombre (....) Es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, a la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos para su pleno desarrollo”.

Por lo tanto es un tipo de violencia que está enraizada en las jerarquías establecidas que fundamentan relaciones asimétricas de poder entre mujeres y varones. Nuestra tradición, cultural patriarcal y machista, que coloca a las mujeres en una situación de inferioridad y discriminación en los diferentes ámbitos de la sociedad, es sin duda una de las causales fundamentales de la violencia hacia las mujeres.

También contamos con la Convención Interamericana de Belem do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; aprobada en nuestro país por Ley 24.632. Actualmente están en debate los mecanismos de seguimiento de la misma, proceso que debemos acompañar con atención, porque implican pasos fundamentales en el camino del efectivo cumplimiento de estos instrumentos.

Se entenderá que violencia contra la mujer en el ámbito familiar incluye la violencia física, sexual y psicológica: que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, golpes, violación, maltrato y abuso sexual. En el ámbito familiar las principales víctimas suelen ser las mujeres, los/as niños/as y los/as ancianos/as.

¿Por qué el 25 de noviembre de 2004?

En el mundo, el 70% de los pobres, son mujeres. En Argentina si bien no hay estadísticas confiables de esta problemática, se calcula que en el 30% de los hogares se vive algún tipo de violencia. El 45% de las mujeres golpeadas supera los 6 años de convivencia. El porcentaje de denuncias en todo el país es solo del 10% (6000 casos anuales) En Argentina se denuncian entre 5.000 y 8.000 violaciones por año. En el caso de la violencia doméstica: el 75% de las víctimas son mujeres, el 23% de los casos hay violencia mutua y el 2% son varones.

El recuerdo de algunos casos, sirve como ejemplo de lo que sucede en nuestro país:
María Soledad, violada y muerta en Catamarca. Teresa Rodríguez, muerta en un piquete. Romina Tejerina, presa en Jujuy y su violador suelto. Claudia Sosa, condenada con la pena más dura por defender su vida contra su marido golpeador en Mendoza. Las niñas violadas por Hoyos en Salta. Leyla, Patricia y tantas otras violadas y asesinadas en Santiago del Estero. Las más de cuarenta mujeres asesinadas en Mar del Plata.

También están los casos de nuestra compañera Marta Jáuregui, que fue abusada sexualmente en su lugar de trabajo y que a más de un año del hecho no hay respuestas y el de Sandra Cabrera, dirigente de AMMAR y de la CTA de Rosario, que fue asesinada por su lucha y compromiso militante y el único detenido está hoy en libertad.

¿Qué herramientas tenemos y qué falta?

Existe la Ley nacional 24.417, sobre Violencia Familiar, que es insuficiente y hay todavía varios proyectos de reforma en debate. Una cuestión fundamental sería que se sancione una nueva ley que haga hincapié en la necesidad de implementar políticas públicas y un programa integral nacional contra la violencia hacia la mujer, para concientizar a todos los sectores de la particularidad del fenómeno, y generar respuestas que se deben ejercer en todos los niveles.

No pretendemos agotar todas las medidas y ámbitos en los que se debe intervenir desde un programa nacional para la erradicación de la violencia hacia la mujer, pero por los menos queremos enumerar algunas acciones imprescindibles para comenzar a dar respuestas integrales y duraderas a esta problemática, además de brindar servicios que asistan a las mujeres víctimas de violencia se deberá:

En lo legislativo: reformar la ley vigente. Asimismo se deberían dictar nuevas leyes de violencia laboral y acoso sexual, ya que las existentes son insuficientes. También se deberá estudiar la legislación vigente, para la derogación de todas las normas que se opongan a los tratados vigentes; realizar estudios que permitan visibilizar el cumplimiento de las mismas; llevar estadísticas serias y confiables.

En la justicia: se debe capacitar a los funcionarios y agentes judiciales, desde una perspectiva de la defensa de los derechos humanos y de género. A los peritos, psicólogos, psiquiatras, abogados y jueces, porque habitualmente minimizan las denuncias de las mujeres; proponen audiencias de conciliación cuando es imposible que estas mujeres puedan negociar de igual a igual con sus parejas; o intentan disuadir a la víctima privilegiando el supremo interés de la familia por sobre la vida de las mujeres.

En el sistema de salud: se deben implementan los protocolos médicos que permitan determinar si la mujer que llega con lesiones está siendo víctima de violencia. Y, en los casos de violación, aplicar los protocolos que prevengan el embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA, además de la ayuda psicológica adecuada, que sólo existe en muy pocos servicios de salud pública.

En el sistema educativo: deben existir capacitación docente y contenidos que introduzcan esta temática y ayuden a la prevención. Fundamentalmente revisar el sexismo en la educación que reitera modelos estereotipados para varones y mujeres, que cristalizan modelos que terminan en prácticas violentas.

En la comunicación: que se desarrollen campañas en los medios masivos y comunitarios de comunicación para informar a la población y concientizar a las mujeres sobre sus derechos.

Capacitación: el programa de violencia debería contemplar el desarrollo de programas de capacitación y sensibilización en cuestiones de género en todas las áreas públicas y privadas, vinculadas con la violencia hacia la mujer, para eliminar prejuicios y estereotipos. Se deberían especialmente diseñar programas contra la violencia dirigidos a los hombres.

Nuestro compromiso

Desde la CTA debemos asumir un compromiso activo en el diseño, debate y aplicación de programas contra la violencia, ya sea en el ámbito familiar, laboral o social. La Secretaría de Género es el ámbito propicio para facilitar este debate, pero debe ser desde todas las organizaciones que se vaya asumiendo un compromiso creciente para erradicar este flagelo, que atenta contra la integridad, la vida y la salud de las mujeres.

Si la violencia hacia la mujer es un problema de más de la mitad de la humanidad, es un problema de todos y todas. Tener derechos es importante, conocerlos es fundamental, reclamarlos y ejercerlos es parte de nuestra lucha cotidiana por un mundo en paz, con justicia social, inclusión e igualdad.