Los funcionarios de la provincia de Buenos Aires que no cumplan con la ley que establece que al menos el 4% de los puestos de trabajo del Estado deben estar cubiertos por personas discapacitadas, incurrirán en falta grave y hasta podrían ser exonerados de la administración pública. Esta medida fue dispuesta por la Cámara de Diputados bonaerense, al aprobar una ley que introduce una serie de cambios a la normativa vigente y que apunta a que se cumpla ese derecho en favor de los discapacitados.
El cupo mínimo del 4% está instaurado hace años por ley, pero los legisladores consideraron que no se cumple. Por esa razón, decidieron modificar la normativa ampliando sus alcances y estableciendo duras sanciones para los funcionarios que la incumplan.
Pero además, se alienta la incorporación de discapacitados a las empresas privadas, ya que se establece que el Estado dará prioridad para la compra de insumos y provisiones, a igual cantidad y oferta de precio, a aquellas firmas que contraten a personas con discapacidad.