El 7 de octubre último, la Asociación de Empleados del Poder Judicial porteño (AEPJ), después de varias asambleas, elevó al Consejo un pliego reivindicativo que comprende, además del tema salarial, la convocatoria a comisiones paritarias, la instalación de jardines maternales, un régimen de ascensos, la incorporación a planta permanente de los contratados y una larga lista en la que no ocupa un sitial menor la demanda de ventilación en los edificios tribunalicios y montacargas que faciliten a los trabajadores el traslado de esos miles y miles de expedientes que apilados reducen peligrosamente los recintos de trabajo y que, si continúan acumulándose por escasez de personal, también pondrán en riesgo la estabilidad edilicia.

Con una dotación tan limitada de personal -unos 1.200 agentes sumando a los contratados- “es enorme el cúmulo de tareas y de expedientes que soportamos. En la mayoría de los casos nos vemos obligados a trabajar hasta doce horas diarias, es decir, cinco horas más de lo que marca el reglamento, y hasta tenemos numerosos compañeros que deben trabajar domingos y feriados, o que se llevan expedientes a su casa para que puedan seguir su curso”, nos señala Julio Cesar Bello, secretario general de AEPJ de la Ciudad. Es decir, de hecho, en el más joven Poder Judicial de la República, ya se aplica la reforma que propician el Banco Mundial y el BID por la cual se impulsa más precarización y más flexibilización laboral en la Justicia.

Hoy, un Consejero o un juez del Tribunal Superior gana mensualmente entre 7.800 y 8.500 pesos, y el trabajador de la más baja categoría apenas 850 pesos, diez veces menos. Una década atrás, cuando aún la “ley de enganche” en el Poder Judicial no había sido arrasada por la ofensiva neoliberal, la diferencia entre lo que ganaba un juez era cinco veces mayor a la de un agente. Y la vigencia de ese “enganche”, precisamente, es una de las mayores reivindicaciones del gremio en todo el país.

El Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires -advierte Bello- suma un total de 5.300 millones de pesos para el próximo año, pero al Poder Judicial le asigna apenas unos 75 millones, advierte Bello. Para un Poder Judicial virgen, emergente, donde todo está por hacerse -agrega-, esa cifra es una insignificancia y una muestra de que la Ciudad de Buenos Aires carece aún de una política respecto del Poder Judicial.

Entre el Tribunal Superior y el Consejo de la Magistratura hay muchos conflictos, se entrelazan contradicciones de poder, de política, de manejo de los presupuestos. AEPJ no se mezcla en esas disputas, sólo reclama el derecho que le asiste a los trabajadores judiciales. El Consejo de la Magistratura está integrado por distintos estamentos, el judicial, el de la legislatura y el del colegio público de abogados, “pero no tenemos representación en ese cuerpo ni los empleados judiciales ni la ciudadanía, y nosotros entendemos que esa ciudadanía debe participar en la toma de decisiones del Consejo”, señala Bello.

La AEPJ se integró a la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA) en mayo último. Nació por voluntad de los trabajadores judiciales porteños hace solo tres años y su primera bandera de lucha fue la efectivización ya que todos sus integrantes habían sido tomados como “personal provisorio”. “Esa lucha, que duró un año y culminó en el 2002 con la efectivización de los trabajadores”, nos comentan los demás compañeros presentes -Sergio Guarido, Gustavo Sacco, José Olmos, Matías Fachal y Marcelo Criviti- todos integrantes de la Comisión Directiva de AEPJ que es amplia y pluralista. “Hoy -nos señalan- tenemos en primer lugar el reclamo de una recomposición salarial remunerativa retroactiva a abril de 2003, cuando elevamos el primer petitorio. Obtuvimos un aumento el año pasado -advierten-, pero no alcanzó a nivelar el costo de vida. Por eso en este noviembre concretamos paros y movilizaciones, nuestra flamante Asociación asomó a las calles con sus pancartas junto a las de la FJA. Y si el Consejo de la Magistratura no atiende nuestras demandas, profundizaremos el plan de lucha y los paros”.