Con la consigna “Son demasiadas las necesidades, la plata existe, hay que distribuirla. Por un presupuesto al servicio del pueblo”, se inició la marcha de organizaciones sociales, gremiales, barriales y políticas de la Capital Federal para oponerse a la sanción de la Ley de Presupuesto porteño para el año que viene ya que lo consideran regresivo. La manifestación partió al mediodía de ayer desde las avenidas 9 de Mayo y 9 de Julio hacia la sede de la Legislatura en la calle Perú e Hipólito Irigoyen para expresarle a los diputados la necesidad de atender a las necesidades de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.

La CTA Capital elaboró un documento en el que afirma que “la Ciudad ha acumulado un excedente de 1.000 millones de pesos, correspondientes a los excedentes fiscales correspondientes al 2003 y 2004”. Asimismo, criticaron con dureza a Ibarra porque en la administración pública “hay más de 20 mil trabajadores precarios, por lo que el Gobierno de la Ciudad es el principal empleador precarizador del distrito y en el presente proyecto no existe ninguna partida o programa destinado a terminar con esta realidad”.

Tampoco se proyectan aumentos en los salarios públicos, “a pesar de la pérdida de poder adquisitivo desde el 2001”. La CTA reclamó la puesta en marcha de una Asignación Universal para todos los menores de 18 años que son más de 720 mil en la ciudad. “Esta asignación -explicaron- debe asociarse con la efectiva participación en el ciclo educativo y debe otorgarse al conjunto de ellos la asignación por ayuda escolar anual de 130 pesos”. En ese marco, propusieron una cobertura para la población mayor de 65 años que no tenga ninguna cobertura provisional.

Fabio Basteiro, secretario general de la Central porteña, sostuvo, en diálogo con ACTA, que el proyecto enviado al Poder Legislativo “está contenido en el doble discurso que el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, sigue manteniendo. Habla de abrir los canales de participación, pero cierra un presupuesto en acuerdo con el macrismo”. Además acusó de que “se vuelve a manifestar una matriz regresiva en el presupuesto con el agravante de que hay un superávit de más de 1.000 millones de pesos que el gobierno porteño cuenta como para priorizar una política generadora de empleo, de aumento salarial, de universalización de asignaciones para nuestros pibes y nuestros viejos”.

Basteiro también crítico la decisión de la administración ibarrista de garantizar con el excedente mencionado un Fondo Anticíclico que priorice a los acreedores, al pago de la deuda y a los grandes grupos contratistas de la ciudad de Buenos Aires. “Con esos recursos se podría generar un Fondo Popular Solidario con la capacidad de generar empleo sostenido y dar respuestas a los sectores más necesitados de nuestra sociedad. Entonces se deja de lado salarios, educación, salud. Por eso hicimos un análisis muy minucioso y hoy (por ayer) nos manifestamos planteando una alternativa”, dijo.

Para Jorgelina Sosa, secretaria general de la delegación Capital de ATSA-Ammar, “venimos a decirle a los legisladores y a Ibarra que sabemos cuál es la intención de este presupuesto y lo que queremos es que se reparta con justicia y no en beneficio de unos pocos. Queremos que se aumenten la partidas en salud, en educación, en trabajo y en la atención de las personas que pasan necesidades y que son muchas en esta Ciudad”.

Por su parte, la docente Laura García Muñón, secretaria gremial de CTA Capital, mostró su preocupación por la falta de equidad en el proyecto enviado a la Legislatura. “Sigue manteniendo la lógica de los presupuestos de los últimos años, en dónde primero se privilegia el pago de deuda que tiene la ciudad y la contratación de grandes obras a los mismos desde la época de Menem y De la Rúa. Son los mismos contratistas que se llevan todo el dinero”, sostuvo.

En referencia a las áreas de salud y educación explicó que el presupuesto “no ha sido significativo”. Y agregó: “No se ha presupuestado un aumento salarial para los trabajadores y la intención de armar trabajo genuino para aquellos que están desocupados es insuficiente. También pedimos un fondo generador de empleo a través de cooperativas”.

Héctor Bidonde, legislador porteño del Bloque Sur -quien en septiembre de este año, junto la CTA porteña y representantes de otras organizaciones sociales y políticas, denunciaron al gobierno de Ibarra por ocultar información del presupuesto del corriente año y por la mala ejecución de partidas en salud, educación y cultura que, aunque contempladas en el presupuesto, no fueron puestas en práctica- participó de la marcha de ayer y denunció el intento de sancionar un presupuesto en dónde “no se blanquea la verdad de lo que realmente significa el superávit, ya que la creación de un Fondo Anticíclico, que hoy es un decreto y que la legislatura lo aprueba se convierte en ley, le otorga al gobierno un derecho para hacer acumulación de plata. Y este excedente va a gasto o deuda o construcción de obra pública y solamente el Ejecutivo lo decide”.

Bidonde explicitó su preocupación por la intención de otorgarle “Superpoderes a Ibarra”, que implicaría la facultad “de mover partidas por 250 millones con total libertad por parte de la Secretaría de Hacienda. La concepción neoliberal ha impuesto la mala idea de que el buen gobierno es el que ahorra plata”, concluyó el diputado.