En la práctica esto significa que desde ahora ATE Córdoba tiene plena legalidad como cualquier organización con personería gremial en el ámbito del sector salud de la provincia y en la Administración Central para realizar asambleas, elegir delegados y representar a los trabajadores en cualquier negociación.

ATE Córdoba ha rechazado la conciliación obligatoria y continúa realizando asambleas para mantener el plan de lucha porque hasta el momento no hay ninguna respuesta satisfactoria de parte del Gobierno provincial a las demandas aprobadas en las asambleas que el gremio realizó en diez hospitales y ocho reparticiones públicas.

El gremio exige un salario básico de 2.000 pesos, la reincorporación de los despedidos a fines del año pasado y el pase a planta permanente de todos los contratados, en forma directa y mediante la excepción en el sector salud.

También reclama que la Secretaría de Trabajo de Provincia disponga la devolución de los códigos de descuentos a los afiliados y las licencias gremiales, entre otras reivindicaciones quitadas autoritariamente por el gobierno.

El secretario general de ATE Córdoba y de la CTA capitalina, Oscar Mengarelli, calificó como “un paso adelante” la medida tomada por la cartera laboral provincial porque le permitirá al gremio “hacer escuchar su voz” en la mesa de las negociaciones por “mejores salarios y trabajo digno”.

Mengarelli consideró que la resolución de la Secretaría de Trabajo provincial es fruto de la “persistencia" de ATE en los reclamos presentados oportunamente en el ámbito de la Justicia y del Ministerio de Trabajo para que se “revean las medidas de persecución y discriminación llevadas adelante sistemáticamente por el gobierno de José Manuel de la Sota”.