Con varias modificaciones, el texto recoge un anteproyecto que ATE presentó al Ejecutivo en el año 2004 y que prácticamente reproduce uno similar que el sindicato había entregado al Gobierno varios años antes, en 1988. El objetivo: poner fin a la discrecionalidad y a la situación de ser rehenes del gobierno de turno a que son sometidos los trabajadores del Estado. Además, el ordenamiento contempla el ámbito de convenciones colectivas y paritarias para la administración pública.

El secretario adjunto de ATE, Arturo Godoy, evaluó como “un gran logro” la media sanción del Régimen Jurídico para la Administración Pública, y consideró que marcará “un avance significativo en todo lo que tiene que ver con el trabajo en la administración pública provincial, abriendo un nuevo camino en la negociación colectiva entre el Estado y los trabajadores”.

En ese sentido, el dirigente señaló que esperan que en la Cámara de Diputados -adonde el proyecto debe volver en virtud de las modificaciones introducidas en el Senado- exista la “madurez y responsabilidad” necesarias para la sanción definitiva de la ley, “ya que luego viene un período largo de reglamentación de la norma, que será también un trabajo arduo”, advirtió. De cumplirse con los plazos previstos, “para fin de año tendremos los elementos fundamentales para trabajar con las convenciones colectivas y las paritarias”, sostuvo Godoy.

En los últimos meses, ATE cumplió un plan de acción que incluyó asambleas en los lugares de trabajo, donde una de las preocupaciones que se manifestó fue la demora en la aprobación de este régimen, que el gremio viene impulsando desde hace casi dos décadas, en el intento de transparentar la relación del Estado con los trabajadores. “Ya no se va a poder nominar con el dedo a los compañeros ni que sean rehenes de los gobiernos de turno”, tradujo Godoy.

El proyecto que el miércoles obtuvo media sanción, en una votación unánime de los tres bloques de la Cámara, consta de 120 artículos que ordenan la carrera administrativa del empleado público, establecen una comisión paritaria que integrará a los representantes gremiales en representación proporcional a la cantidad de afiliados y establece los Tribunales Administrativos. Así, se crea un Jurado de Concursos y un Tribunal de Disciplina, organismos que integrarán a trabajadores elegidos por el voto directo y secreto de sus pares.

Sigue el reclamo salarial

En otro orden, desde ATE se señaló que mientras celebran el avance que implica la media sanción del Régimen Jurídico Básico, aún resta atender al reclamo salarial de los trabajadores, luego de que el Gobierno anunciara que llevará de 720 a 800 pesos el salario mínimo del trabajador estatal. Es que el cuerpo de delegados del gremio consideró “insuficiente” este aumento que además no alcanza al conjunto de los trabajadores y produce un nuevo “achatamiento” de la escala salarial.

El secretario general, Edgardo Massarotti, afirmó que la propuesta salarial “para el último cuatrimestre del año es absolutamente insuficiente; pasar de 720 a 800 pesos es la elevación del mínimo garantizado y en algunos casos significa 5 pesos, en otros 20 u 80, pero esto achata la escala salarial”.

El dirigente ilustró que con ese aumento “un trabajador soltero, que merece llegar a los 800 pesos, queda en la misma situación de una persona que tiene cuatro hijos; por esto hay que replantear, no solamente las cuestiones del monto, sino en la insistencia de la discusión de políticas tributarias en el orden nacional”, ya que Entre Ríos “aporta mucho en función de impuestos que deberían mejorar el ingreso de la provincia para afrontar el incremento de salarios”.