Los trabajadores de los 77 hospitales bonaerenses y de los 215 centros hospitalarios y unidades sanitarias municipales nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop-CTA) reclamaron hoy “la equiparación salarial entre los profesionales de la salud; un ingreso básico de 2.207 pesos (canasta familiar); el pase a planta permanente de todo el personal precarizado; la plena vigencia de la carrera profesional hospitalaria en todos los municipios; el cese de las persecuciones y amenazas a los delegados gremiales de los profesionales; y el reconocimiento de las seccionales de la Cicop y la conformación de mesas de negociación permanente”.

La concentración en la Plaza de San Fernando en apoyo a los profesionales de la salud de los municipios que hoy están en conflicto contó con la presencia de las delegaciones y seccionales de la Cicop de San Fernando, San Isidro, San Andrés de Giles, Florencio Varela, Quilmes, Lomas de Zamora, Pilar, Necochea, Mar del Plata, Ramallo, San Miguel, Malvinas Argentinas, Hurlingham, San Martín, La Matanza y Cañuelas

"Hoy la provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis sanitaria que sin decisión política será imposible de resolver. Justamente es la salud en manos de los municipios, atravesada por los punteros políticos y los caudillos, la que se transformó en un coctel explosivo: la cuestión del cierre de guardias o falta de pediatras o los innumerables problemas que existen hoy en el sector público de salud provincial y municipal no es más que un reflejo de la grave y profunda crisis que vive el sistema sanitario”, denunció hoy el presidente de la Cicop, Jorge Yabkowsky, quien también repudió “las formas precarias de contratación” y que el salario se haya convertido en “una variable más de ajuste”.

En ese sentido, afirmó que en muchos municipios los salarios de bolsillo “apenas alcanzan los 600 pesos”. “Trece mil profesionales -explicó- enfrentan diariamente su trabajo en las condiciones más adversas, solo mitigadas por el grado de resistencia organizada que han logrado oponer a tanta arbitrariedad”.

Por su parte, Marta Márquez, dirigente de la seccional San Fernando de la Cicop consideró que "hay municipios donde los profesionales trabajan ad-honorem, bajo contratos de las cooperadoras o mediante contratos de locación de obra” y como contrapartida la población debe sufrir que “la mayor parte de las prácticas se hallan `aranceladas’ y que sólo se atiende al que puede pagar el bono de cooperadora”.

“Miles de profesionales trabajan sin estabilidad, sin vacaciones, sin percibir asignaciones familiares o aguinaldo y dejando de recibir su paga si tienen la mala suerte de enfermarse. En un mismo centro de salud hoy pueden coexistir cinco o seis modalidades de relación laboral distintas entre los profesionales. La razón fundamental para perpetuar la precarización laboral no es de índole económica sino política. La relación laboral precaria en un contexto general de desocupación se transforma en una herramienta de disciplinamiento y control social formidable", apuntó Márquez.

"Es justamente en el nivel municipal del sistema público de salud donde más han avanzado las políticas de precarización laboral, vaciamiento, arancelamiento y privatización. Este mapa crítico de agenda en común traspasa a la mayoría de los 77 hospitales públicos del conurbano bonaerense incluyendo a los 4 hospitales de Nación y los más de 215 centros hospitalarios dependientes de los municipios y los empresarios-intendentes”, explicó el titular de la Cicop.