
Después de 40 días de paros y movilizaciones, finalmente la administración provincial debió admitir la representación de la Asociación de Trabajadores del Estado por la crisis sanitaria que se vive en el distrito patagónico. Ahora se abre un compás de espera de 15 días para recibir la respuesta oficial a los reclamos más urgentes.
El gobierno santacruceño, a través de su ministro de Gobierno, Daniel Alberto Varizat, recibió el jueves pasado a una delegación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA), encabezada por su secretario general, Alejandro Garzón. Durante el encuentro Varizat se comprometió a estudiar los reclamos más urgentes.
Luego de un extenso conflicto -que comenzó en el Hospital Central de la capital provincial, Río Gallegos, y se fue extendiendo a otros hospitales de la provincia- los trabajadores del sector salud comenzaron a organizarse y afiliarse masivamente al gremio estatal de la CTA, que además encabezó una multitudinaria marcha el 11 de agosto y fue quien elevó los principales reclamos a la Subsecretaría de Trabajo provincial.
Los 9 delegados de la Junta Interna del Hospital Central, elegidos por el voto de 337 trabajadores, también fueron parte de la delegación de ATE en la reunión con Varizat, al igual que el secretario general de la seccional Río Turbio, Lino Heredia. “Allí se propuso que el gobierno analice nuestro petitorio y suspender las medidas de fuerza”, recordó Garzón a ACTA esta mañana. Y aclaró que “sólo después de discutir en una asamblea de más de 500 compañeros resolvimos levantar el plan de acción, con una condición: que el acuerdo se firme delante de todos los medios de comunicación y que haya respuesta en 15 días hábiles”.
“Si en estas dos semanas no hay propuestas para resolver nuestros reclamos volveremos a iniciar las acciones”, enfatizó Garzón. Por su parte, la delegada general de la reciente Junta Interna de la ATE en el hospital Central, Viviana Barbería, destacó la “tenacidad y la lucha de mis compañeros que se bancaron que el gobierno no nos reconociera”. La dirigente recordó que “hasta ahora las autoridades se habían negado al diálogo” y que “deben abrir una agenda de discusión sobre los problemas que afrontamos en toda la provincia”.
Cabe recordar que en estos dos meses, se fueron sumando al reclamo otros trabajadores del interior santacruceño, como los de Las Heras, Puerto San Julián, 28 de Noviembre y Río Turbio. Exigen un aumento en los códigos hospitalarios, que incluyen a todos los trabajadores, desde los obreros de maestranza hasta los médicos; y el pase a planta permanente de los contratados y monotributistas, que son alrededor de 1.500 en toda la provincia.
“El problema es que en Santa Cruz la mayoría de los servicios hospitalarios están tercerizados. La cocina, el mantenimiento y hasta la atención al público son tareas realizadas por privados, que en su mayoría integran cooperativas impulsadas por el Estado y que los compañeros sostienen para no perder su fuente de trabajo. Pero en definitiva todos somos trabajadores estatales y es por eso que estamos reclamando a las autoridades que asuman una responsabilidad indelegable del Estado: la salud de nuestro pueblo”, reconoció Garzón, quien además agradeció el apoyo del sindicato a nivel nacional y de Mario Muñoz, delegado general del Hospital Moyano en la Capital Federal y miembro de la conducción nacional del gremio.
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