“Mientras la patronal quiere reglamentar el riesgo nosotros queremos eliminarlo”, sostuvo Claudio Marín, director de Salud Laboral y Medio Ambiente de la CTA.

El dirigente telefónico agregó que “proponemos una visión integral de la salud laboral: prevención, atención y resarcimiento deben formar parte de una sola concepción y no deben ser instancias aisladas una de la otra. Por lo tanto pretendemos sentar las bases para que la discusión paritaria se inicie con un piso mínimo que beneficie a los trabajadores”, subrayó.

El proyecto que impulsa la CTA plantea un régimen universal que alcance a todas las relaciones del trabajo donde este se dé, esto es, trabajadores formales, informales, cuentapropistas, etcétera, con la sola excepción de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

“Creamos la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral y la Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral para formular y desarrollar políticas de prevención y salud en el ámbito del trabajo”, señaló Marín quien añadió: “La información y la capacitación de los trabajadores debe estar a cargo del empleador y con carácter obligatorio”.

La iniciativa postula que los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo y control de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. A los efectos de ser delegado de prevención no se exigirán afiliación sindical ni antigüedad mínima en el empleo. Estos serán designados por voto directo y secreto de los trabajadores de la empresa con arreglo a una escala que contempla 1 Delegado de Prevención cuando el establecimiento tenga entre 10 y 50 trabajadores hasta 8 delegados en el caso de que estén registrados más de 4.000 trabajadores.

Por su parte, el Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa o explotación en materia de prevención de riesgos y se constituirá en todas las empresas, explotaciones o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.

Marín destacó que la postura de la CTA “es coherente con nuestros principios fundacionales y por eso plantea la posibilidad de acceder a la justicia civil si el trabajador considera que su resarcimiento no es la que corresponde, y establece la responsabilidad penal para todos aquellos patrones, empresas, y administradoras de Asociaciones de Riesgos dl Trabajo que no cumplan con los alcances del presente régimen”.

Por último enfatizó que “para recuperar la tutela del Estado en lo que hace a la Seguridad Social y puntualmente a las aseguradoras de riesgo (ART), estipulamos que estas empresas con fines de lucro deberán constituirse como entidades de derecho público estatales”. En ese sentido se puntualiza que podrán constituir ART el Estado nacional, provincial o municipal, centralizado o descentralizado en todos sus niveles; las asociaciones mutuales y cooperativas y las obras sociales sindicales. “Las restantes personas de derecho privado podrán constituir ART exclusivamente con participación del Estado nacional o los estados provinciales en las condiciones que establezca la reglamentación de la presente ley”, de acuerdo con la redacción del ambicioso proyecto de la CTA que será presentado públicamente hoy a las 16 en el Edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación.