Si aceptamos definitivamente que el delito, que genera inseguridad cotidiana, es producto de un problema bastante más profundo que la simple mala o insuficiente redacción de las leyes penales o de su irregular aplicación y entendemos, tal como lo muestra la evidencia de los hechos, para el que lo quiere ver sin prejuicios o segundas intenciones, que la sociedad argentina, como muchas otras, ha sido víctima ya durante muchos años de un largo proceso de deterioro humano organizacional e institucional y que eso es lo que está en la base del asunto.

Si entendemos que el aumento de los niveles de delito y de violencia social en general, (que es un evento realmente existente y no producto de un imaginario fantasioso o una creación mediática, más allá de que la derecha política y los medios que le responden haga uso y manipulación del tema para su cosecha desestabilizadora y electoralista) está directamente generada por estos niveles de deterioro que impactan particularmente en franjas etarias juveniles, con cronicidad de desempleo y deserción escolar, criadas en el marco de la privación permanente, la desconfianza, el recelo y la expulsión hacia la marginalidad, expulsión incluso del circuito social de las clases bajas y bajísimas a las que pertenecen. Y que esta fábrica de violencia se complementa explosivamente con el terrible escenario de la corrupción y la degradación política e institucional de mafias político policiales, cajas negras de recaudación personales, corporativas y partidarias y circuitos clientelares que han enfermado la relación del Estado y de la política con la sociedad y particularmente la relación del estado y la política con los sectores sociales más pobres. Si entendemos además que esta combinación es terrible no sólo porque estas mafias usan y estimulan el accionar delictivos de la juventud marginal para su propio beneficio directo, sino porque además impiden el acercamiento y el trabajo de las acciones políticas, estatales y no estatales que honestamente intentan hacer algo al respecto y ocupar estos espacios geográficos que por ahora son en su mayoría cotos de esta trama mafiosa y “tierra de ellos”.

Si se entiende definitivamente todo esto la pregunta que surge en forma casi desafiante es ¿qué hacer? Es obvio que el problema es profundo y complejo y ello puede llevar a pensar que no se puede hacer nada o que es necesario esperar a que profundos cambios del todo político y económico nacional y aun regional modifiquen el escenario. Este fatalismo es producto de una visión estática y no dialéctica de la política y de lo social en general porque en realidad la discusión instalada en el país sobre el tema de la inseguridad (que ya está puesta en la agenda política nos guste o no nos guste y aunque muchos pensemos que hay muchas otras cuestiones que merecerían prioridad) es en realidad una oportunidad para llevar esta discusión al debate público y popular y para recrear la relación sana del Estado y la política con la sociedad y para avanzar en la recuperación de estos espacios perdidos y sobre todo en la inclusión de los excluidos.

Es cierto que si se piensa en que debería hacer “el gobierno” al respecto y se entiende que gobierno implica la puesta en marcha de aparatos estatales nacionales provinciales y sobre todo municipales en la atención urgente de estos sectores juveniles y la ocupación real del territorio abandonado se advierte rápidamente la inexistencia de una voluntad única o de algún plan meramente coordinado en este sentido pero esto no quiere decir que no haya mucha gente y organizaciones que desde el Estado y desde la organizaciones de la sociedad no están desde hace tiempo luchando y haciendo muchas cosas en este sentido. La oportunidad que se nos presenta es la de que al calor del debate por la inseguridad se profundice la movilización y el reclamo para que los gobiernos y los distintos organismos del Estado nacional provincial y especialmente municipales acudan a la urgencia en los tiempos y en la dimensión de las acciones y los recursos que la situación reclama. Se trata de aprovechar la presión que impone la agenda política en relación a la cuestión de la inseguridad y dirigir la movilización social y política hacia el lado correcto, en relación al problema que se quiere solucionar, que es el del redimensionamiento urgente de los tiempos y la magnitud de la acción política, social y económica de los estados y los gobiernos nacional, provinciales y locales, hacia la atención de las comunidades más vulnerables y los grupos juveniles “en riesgo”, lugar por lugar, con un compromiso serio y un plan predeterminado, en el que deben participar las asociaciones y organizaciones naturales de cada ámbito. Aprovechar la urgencia que emana de la forma en que está planteada la cuestión de la seguridad para movilizar a la gente a las asambleas y foros de participación a discutir la cuestión no en términos generales y abstractos sino a la situación barrio por barrio, manzana por manzana, y discutir allí cual es la gestión real de la policía y el gobierno en tareas básicas como iluminación, vigilancia , cuidado del espacio público, atención de las denuncias y demandas de los vecinos y de que modo se administran los recursos existentes. Una oportunidad para profundizar la democracia participativa, la auditoría popular sobre la administración y la redistribución de los recursos y la gestión de gobierno. Sobre esto deberían reflexionar los partidos políticos, especialmente los que se dicen progresistas y particularmente los de izquierda y las organizaciones sociales democráticas, especialmente las organizaciones de trabajadores, en lugar de rehuír al debate sobre la inseguridad como se ha venido haciendo de algún modo hasta ahora con el consiguiente resultado de dejar el espacio para el uso exclusivo de la derecha o del oportunismo electoralista.

* Profesor de Criminología de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Vicepresidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia