Luego de treinta años, la justicia argentina parece avanzar en la persecución de los crímenes de la última dictadura. Durante esta semana, el juez Oyarbide declaró inconstitucionales los indultos que el ex presidente Carlos Menem otorgó a Martínez de Hoz, Harguindeguy y Videla y los procesó por el secuestro de los Gutheim. La causa vuelve así al estado anterior a los indultos, por lo que Martínez de Hoz y Harguindeguy continuarán siendo investigados y en el caso de Videla habría condiciones para dictar sentencia.

Federico Gutheim era uno de los dueños de la empresa Sadeco. Fue detenido junto con su hijo Miguel a fines de 1976 y puesto a disposición del PEN para obligarlos a negociar y cumplir con un contrato comercial con empresarios extranjeros que interesaba especialmente al entonces ministro de Economía, Martínez de Hoz. Durante su cautiverio de cinco meses, los Gutheim fueron llevados a varias reuniones con representantes de las empresas de Hong Kong para negociar el cumplimiento del contrato de exportación de algodón de las que también participaban funcionarios estatales.

En su resolución, Oyarbide puntualizó que “si bien la privación de la libertad con fines extorsivos de por sí no constituye un delito de lesa humanidad, lo cierto es que en este caso el hecho se enmarca dentro del contexto del sistema clandestino de represión implementado por la dictadura militar” y apelando tanto a tratados internacionales como a jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que los delitos cometidos contra los Gutheim son “imprescriptibles e inamnistiables”.

Ricardo Peidro, secretario de Derechos Humanos de la CTA, recordó que éste es un viejo reclamo de los trabajadores de la Central y que en el último Congreso Nacional de Delegados, “volvimos a reafirmar nuestro compromiso de participar en todas aquellas acciones que exigen la nulidad de los indultos a los genocidas; la restitución de los niños apropiados por los represores; el juicio y la cárcel común a los responsables del secuestro, desaparición y asesinato de nuestros compañeros durante la última dictadura militar y de todas las víctimas de la represión y abuso de las fuerzas de seguridad en el período democrático”.

Por eso, el dirigente indicó que “celebramos esta medida y confirmamos que los trabajadores seguiremos presentándonos como querellantes en todas las causas abiertas y que puedan reabrirse a partir de la nulidad de las leyes de impunidad”.

Por su parte, la titular de Madres de Plaza de Mayo - Línea fundadora, Nora Cortiñas, sostuvo que ésta es una noticia alentadora, “todos estos canallas y genocidas creían que iban a estar por siempre en la impunidad. De a poquito vamos avanzando, cuesta mucho, pero esta noticia nos alienta y anima para terminar con todos los resquicios que quedan de impunidad”.