
El proyecto de ley para promoción de la exploración y explotación de hidrocarburos que impulsa el Poder Ejecutivo no hace más que reafirmar la política de entrega impuesta en los 90.
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* Secretario General de la CTA Neuquén. |
En efecto, lo primero que cabe destacar es que el régimen propuesto propone exenciones impositivas de distinta índole (IVA para gastos e inversiones; Ganancias; derechos de Importación) a fin de fomentar la actividad exploratoria después de la caída de reservas y de la producción que se verifica en el sector. Estos beneficios a las petroleras tienen por objetivo fomentar las inversiones empresarias. Pero debemos destacar aquí dos aspectos nefastos de este proyecto.
En primer lugar, y dado el precio internacional del petróleo, es insostenible el argumento de que sea necesario incentivar las inversiones de riesgo. Con un costo local total, incluidas la exploración y extracción, de entre 6 y 8 dólares y valores WTI de 70 dólares ¿hace falta más incentivo cuando las petroleras acaparan ganancias superiores al 300% sobre sus costos?
Por otra parte, las nefastas concesiones del menemismo imponían a las multinacionales la necesidad de mantener el horizonte de reservas existente al momento, lo que evidentemente no han hecho. Es decir, se premia el incumplimiento cuando el mismo es causal suficiente para declarar la caducidad de las mismas.
Pero si estos puntos resultan alarmantes, el capítulo 3 de este proyecto es realmente nefasto. El mismo permite la subdivisión de las áreas en explotación actuales, es decir aquellas en las que hoy se extrae hidrocarburos, en nuevas áreas que serán alcanzadas por el régimen promocional. Por lo tanto, este proyecto propone beneficiar como “inversión de riesgo”, que como ya analizamos no lo es tanto, a los pozos de las áreas donde ya está probada la existencia del recurso.
Esta medida es totalmente inaceptable, ya que lo que se propone es eximir los llamados “pozos de avanzada”, aquellos que se realizan para cuantificar el alcance del área y sus reservas, pero que no implican ningún riesgo de encontrar hidrocarburos.
Pero aún hay más. El artículo 17 de dicho proyecto propone que, de aceptarse la subdivisión, se otorgaría la prorroga por diez años a partir de la caducidad de las actuales concesiones.
Es decir: todo a pedir de las empresas. Enormes beneficios para estimular supuestas inversiones empresarias, y decimos supuestas porque el proyecto no fija un horizonte de reservas a cumplir para gozar de los beneficios, y prórroga de las concesiones.
Por lo expuesto, es necesario decir que de aprobarse este proyecto se consumará una nueva entrega del patrimonio hidrocarburífero nacional. Desde la CTA Neuquén llamamos al conjunto de las organizaciones sociales a manifestarse en contra del mismo, exigiendo al conjunto de los diputados que rechace el mismo.
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