El Presidente del Movimiento Por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO), Pino Solanas, y la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe Bonafini, fueron los encargados de referirse a la urgencia de la convocatoria a la rueda de prensa, en vista de que en los próximos días los legisladores nacionales resolverán si ceden una gran porción de los ingresos de los argentinos a las mayores beneficiarias del espectacular saqueo a que fue sometida la Nación por el proceso de desregulación y privatización, iniciado en 1989 y aún vigente.

Participaron de la rueda de prensa el secretario Gremial de la CTA, Víctor Mendibil, el diputado nacional Claudio Lozano, Carlos Chile del MTL, Pablo Vasco del MST, Elena Hanono de la Corriente Clasista y Combativa; Patricio Echegaray del PC y Antonio Sofía del PCR, entre otros.

Allí también informaron que mañana, a las 15 en el Edificio Anexo de la Cámara de Diputadosm se realizará un nuevo encuentro de las organizaciones que rechazan la iniciativa oficial para delinear un plan de acción común que incluye una marcha hacia el Congreso el próximo miércoles 13 de septiembre, día en el que se intentaría trata el polémico proyecto en la Cámara baja.

La solicitada

Por otra parte, hoy el MORENO y la Asociación Madres de Plaza de Mayo publicaron una solicitada en el diario Página 12 en la que asumieron “el compromiso histórico de señalar ante el pueblo de la Nación e iniciar las acciones legales que oportunamente correspondan, a quienes, votando positivamente el proyecto en cuestión, se sumen a la larga lista de los infames traidores a la patria”.

Bajo el título “El Congreso en la encrucijada. Pueblo o Petroleras - Patriotas o traidores”, el texto sostiene que “en los próximos días, los legisladores deberán resolver si ceden una gran porción de los ingresos de los argentinos a las mayores beneficiarias del espectacular saqueo a que fue sometida nuestra Nación por el proceso de desregulación y privatización, iniciado en 1989 y aun vigente.

Actuando siempre a instancia y complacencia del Poder Ejecutivo de turno, los diputados se aprestan a votar una serie de beneficios de todo tipo, teóricamente destinados a promover las actividades exploratorias, que no significan otro cosa que eximir a los trusts internacionales del petróleo de correr el riesgo minero, prácticamente el único de peso que existe en esa actividad, al que estaban obligadas por su propia responsabilidad empresaria. En forma transversa, se va cediendo a las provincias facultades de dominio jurisdiccional que están en manos de la Nación y que así deben mantenerse”.

La solicitada agrega: “Vuelve a repetirse la historia: las inversiones y las pérdidas son del Estado Argentino y las ganancias son privadas. Con este proyecto, se restan recursos a la educación, salud, seguridad y desarrollo infraestructural. Resulta curioso que si no invirtieron con el barril que superó los 70 dólares, ahora exijan hacerlo a costa de los impuestos que paga toda la población argentina. Es inadmisible que se pretenda que en esta actividad tan rentable tenga que venir el Estado a apoyar exigencias que no son aceptadas en ningún lugar del mundo.

“De tal forma, se pretende subsanar la alarmante declinación de las reservas de petróleo y gas originadas en la explotación depredatoria, exportaciones intensivas e inconstitucionales, la ausencia casi total de las inversiones en exploración, y a la desaparición de todo control estatal, ya que se extrae a simple declaración jurada.

“En contrapartida, siguen gozando de la libre disponibilidad del 70% de las divisas de exportación y obtienen beneficios descomunales: el costo promedio de producción del barril en Argentina son u$s 5.- y en el mercado internacional supera los u$s 70.- Diecisiete años de vigencia incontrolada de las reglas del mercado muestran un fracaso inocultable ante la pérdida del autoabastecimiento, logrado en la década del 80 sobre la base del esfuerzo de nuestra empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales”.

El texto, que lleva las firmas de Pino Solanas, Félix Herrero, Gustavo Callejas y José Rigane por el Moreno y Hebe Bonaifini por Madres, indica que “no nos cabe duda que el Congreso es el poder popular por excelencia. Históricamente, existe un gran número de legisladores que integran la larga lista de traidores a la patria. En forma destacada, figuran en ella quienes votaron, en la Infame Década de los 90, las leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica, como también los que dieron quórum para el tratamiento de las leyes de Federalización del Subsuelo y privatización Y.P.F., Gas del Estado -votada con cinco falsos diputados- Agua y Energía Eléctrica, Hidronor y Segba, y los que permitieron la Reforma Constitucional de 1994 que, con el eufemismo de provincializar el dominio originario del subsuelo, han viabilizado su privatización”.

Y concluye: “Así como el Poder Legislativo, haciendo justicia a la memoria de los desaparecidos, torturados y asesinados por el Proceso dictatorial reparó la sanción de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, tiene hoy la obligación de iniciar la reparación de los perjuicios ocasionados por aquellas leyes medulares en el proceso de saqueo y depredación de la más importante riqueza nativa de los argentinos; leyes que provocaron la conversión de millones de trabajadores en desaparecidos sociales”.