Encabezados por dirigentes de la CTA Pablo Micheli, José Rigane, Víctor Mendibil y Rubén Ruiz respaldaron ayer, en la reunión que se realizó ayer en el Edificio Anexo de la Cámara de Diputados, el proyecto alternativo presentado por los legisladores Claudio Lozano y Juan Carlos Godoy. También se sumaron a este apoyo los diputados Eduardo Macaluse y Marta Maffei (ARI), Marina Casese (PJ Federal), Alicia Tate (UCR), Pablo Zancada (PS) y Carlos Tirinnello (Red Encuentro Social), el Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO) de Fernando Pino Solanas y Félix Herrera; Mario Cafiero de Autoconvocados en Defensa de los Recursos Naturales; representantes de la CoCePA (Comisión por el Centenario del Petróleo Argentino), entre otras organizaciones, que anunciaron que marcharán el miércoles 13 al Congreso Nacional, día en el que se trataría el proyecto de Ley.

“Estamos frente a un Gobierno pícaro, que ningunea, que se hace el tonto, pero cuya base social no es monolítica y donde el 70 por ciento está por la renacionalización de nuestros recursos”, dijo Solanas. “Es inaceptable que se destine recurso público hacia empresas que obtienen ganancias extraordinarias que multiplican por cuatro lo que obtienen las principales empresas del país”, sostuvo Lozano.

Asimismo, en un documento presentado estas organizaciones denunciaron que con este proyecto presentado por el Poder Ejecutivo “vuelve a repetirse la historia: las inversiones y las pérdidas son del Estado argentino y las ganancias son de las empresas privadas”.

En los fundamentos de esta iniciativa -impulsada en el marco de la Campaña nacional por un millón de firmas para la nacionalización del petróleo y el gas- se plantea la necesidad de “reconstituir las reservas de gas y petróleo, sensiblemente disminuidas por la falta de exploración; recuperar el planeamiento y control del sector energético; detener las exportaciones de crudos para recuperar los niveles de reservas que garanticen el autoabastecimiento; garantizar la utilización de los recursos energéticos para toda la población en igualdad de condiciones”.

Asimismo, se solicita que Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima) asuma el rol de empresa petrolera nacional, recibiendo las áreas, que hoy detentan en forma ilegal las petroleras privadas para “orientar la política energética, en términos de un uso eficiente de los recursos y la apropiación de la renta”; en ese sentido, plantearon la necesidad de constituir una comisión investigadora que “analice los contratos de concesión de manera de verificar el cumplimiento de la Ley 17.319 (de Hidrocarburos)”.

En este marco, el proyecto de las organizaciones sociales exige la derogación de los decretos que garantizan la libre disponibilidad de gas y petróleo para su exportación; la fijación de precios internos referenciados en el valor internacional y la libre disponibilidad del 70% de las divisas de los hidrocarburos comercializados en el exterior.

También demanda la suspensión “toda exportación de hidrocarburos que no este destinada a satisfacer la demanda social de los pueblos vecinos, actualmente receptores de los hidrocarburos exportados”.

La CTA estuvo presente en los encuentros realizados hasta la fecha, no solo para fundamentar sus diferencias con la política energética oficial sino para aportar en la construcción de una campaña que ponga freno a la continuidad de la entrega de recursos consumada en los 90. También respaldó el dictámen alternativo presentado por Lozano y Godoy en el Congreso.

Traición a la Patria

Entre las medidas acordadas en la reunión de ayer, se decidió enviar cartas a todos los diputados planteando que “esta ley perpetúa la política de los 90” y advirtiéndoles que “quién la vote incurre en el delito de traición a la Patria”; además convocaron a una Marcha al Congreso de la Nación para el próximo miércoles 13, a las 15, publicar una solicitada “denunciando a quienes con su voto afirmativo consumen la entrega de los recursos”; y, por último, presentar el dictamen alternativo de los diputados Lozano y Godoy

En cuanto a las diferencias con el proyecto oficial de Ley de Incentivo Fiscal a la explotación petrolera, subrayaron que, en primer lugar, “no se puede poner en marcha una política de aumento de reservas, tal como supone promover el Ejecutivo en su proyecto, en tanto se mantenga la libre disponibilidad del crudo en manos de las empresas”.

“Es inaceptable -recalcaron- que se destinen recursos público hacia áreas en las que, empresas que no están invirtiendo, obtienen ganancias extraordinarias que multiplican por cuatro lo que obtienen las principales empresas del país. En estas condiciones, el proyecto oficial premia el incumplimiento”.

Por último, señalaron que “es inadmisible que, luego de creada Enarsa, el Gobierno no la utilice para capitalizarla, transformándola en socia mayoritaria de las nuevas áreas que se descubran”.