Esa connivencia entre jueces y los poderes políticos y económicos dominantes es parte del segmento más trágico de la historia argentina. En esa complicidad se fundamentó la corrupción, los genocidios y las entregas del patrimonio nacional, cabalgaron los ladrones de guante blanco y se judicializó a los pobres y a los que luchan. Con el correr de los años, a la “policía brava” impulsada por jueces represores, se le sumaron otras modalidades siniestras: el “gatillo fácil” apuntando a las jóvenes, la tortura institucionalizada con el visto bueno de funcionarios fascistas, y los “escuadrones de la muerte” cuya organización y vigencia están hoy a la orden del día.

El sometimiento de jueces al poder dominante ha tenido su origen en el propio mecanismo de designación de altos magistrados y en la carencia de una efectiva participación popular en la elección de quienes deben administrar justicia.

Con excepción de la provincia de Chaco, en todo el país, hasta la reforma constitucional de 1994, los jueces eran nombrados a dedo por el presidente y por cada gobernador provincial. En ese año, finalmente, se aprobó en asamblea constituyente el artículo 114 que creó el Consejo de la Magistratura cuyas facultades debían ser: selección y propuesta de jueces, apertura de los procedimientos para la remoción de jueces por mal desempeño y ejecución del presupuesto del Poder Judicial, entre otros. El temor a que este Consejo restara poder de maniobra al menemismo hizo que recién en 1998 comenzara a funcionar, pero en realidad su vigencia no alcanzó para erradicar vicios propios del sistema anterior. La elección de los integrantes de la Corte Suprema, de los miembros de los superiores tribunales provinciales y de los procuradores provinciales continuó a cargo del titular del Poder Ejecutivo, aunque últimamente se abrió un sistema de consultas que significó un paso adelante aunque muy parcial.

Ha sido una constante de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA) la demanda de una efectiva participación popular y de una auténtica democratización del Poder Judicial, y en tal sentido pugnó por introducir estos elementos durante el período de reglamentación de las normas constitucionales que darían lugar al funcionamiento de los Consejos en cada provincia. Pero en la mayoría de los casos, las trenzas políticas y los poderes económicos más influyentes impusieron normas que prolongaron la subsistencia de viejas prácticas que garantizarían la continuidad de una concepción. Por ejemplo, no podían ser miembros de los Consejos aquellos ciudadanos que no fueran abogados, y no se aceptaba la presencia de representantes directos de la comunidad ni de los trabajadores judiciales.

Esa concepción elitista supone que para elegir a un juez o para evaluar su comportamiento alcanza con los conocimientos técnicos, olvidando que éstos son tan necesarios como el sentido común, el compromiso con valores éticos y sociales, su adhesión a los principios de la solidaridad y de los derechos humanos, cuestiones que no están circunscriptas sólo a los profesionales del derecho.

Es decir -sostuvo Antonio Cortina, destacado jurista, ex juez y asesor de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB)- “se impuso la idea de que no había que avanzar más allá de los modelos habituales de Consejos, basada en la desconfianza hacia la capacidad de la ciudadanía para elegir jueces”.

Tres excepciones

Pero hubo tres honrosas excepciones; Santa Cruz, Chubut y Entre Ríos, donde la lucha por la democratización del Poder Judicial dio sus frutos. En los Consejos de la Magistratura de estas tres provincias ha sido conquistada la representación de los trabajadores judiciales quienes en votación eligen a su consejero.

Allí la batalla ha permitido romper con maneras elitistas tradicionales para abrir un nuevo camino que, en el reciente Foro Social Mundial en Porto Alegre, fue tomado como ejemplo y como experiencias a plantearse en otros países.

Efectivamente, Santa Cruz, Chubut y Entre Ríos son los únicos sitios de Sudamérica, por lo menos, donde los trabajadores judiciales son miembros de las mesas examinadoras destinadas a proponer ternas de jueces al PEN, o que juzgan el comportamiento de los magistrados.

Con cada uno de estos delegados dialogó ACTA. Aramis Ventura, consejero de la Magistratura en representación de los trabajadores judiciales de Chubut, en un año que lleva en el cargo, participó de numerosas sesiones que permitieron, entre otros asuntos, designar a una Cámara completa en Puerto Madryn, y a casi todo el ministerio público de Trelew. “La tarea - nos dice- es ardua pero la cumplimos con toda responsabilidad, los no letrados formamos dentro del Consejo un bloque popular de seis miembros y con nosotros está la fuerza de la representación de toda la comunidad”. “En nuestro quehacer -agrega- tratamos de examinar a los postulantes con el sano criterio de la lógica del hombre común y ahondamos en el sentido humanístico de sus postulados. Y ese sentido humanístico es un compromiso con la defensa de los derechos humanos y con algo que es bandera de nuestra comunidad: acabar con la corrupción y con las transas de jueces con políticos de turno”.

Alicia Figueroa asumió en el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz hace tres meses y se apresta a participar en los exámenes escrito y oral a postulantes a jueces en Río Turbio y Calafate. En esta última localidad, el nuevo magistrado compondrá su primer juzgado del foro universal. Alicia nos habla de la enorme responsabilidad y de la extraordinaria experiencia que significa ocupar ese sitio en nombre de los trabajadores. “Hay que tener en cuenta -nos advierte- que nosotros tenemos incumbencia en una localidad como Rio Turbio, donde la mayoría son trabajadores mineros, todos se conocen y están muy sensibilizados por esa nefasta complicidad de patrones y concesionarios de las minas con los jueces. Es una sociedad muy golpeada por las desgracias y por eso en la elección de los magistrados nosotros debemos poner mucho énfasis en sus conocimientos sobre la realidad social, en su sentido común y en una ética a toda prueba. Ese es el mandato que nos han dado los compañeros”. Cabe señalar que Alicia es la segunda consejera electa al Consejo desde 1999 y que junto a ella, además de los consejeros letrados o miembros de la legislatura, se encuentra otra representante de la comunidad elegida por votación directa en las elecciones.

Juan Casís, consejero de los trabajadores judiciales en el Consejo de Entre Ríos, nos explica que su presencia allí “es la concreción de un largo reclamo de la FJA y demostramos que podemos desempeñarnos sin complejos. Nuestra experiencia es trascendente -agrega- y se ha convertido en una meta en otros países, tal como quedó reflejado en el FSM. A los postulantes en nuestra provincia ya no se les consideran sólo la idoneidad técnica sino que, además, nos preocupamos por indagar sus otras aristas, su transparencia, su cercanía con los problemas de la gente del pueblo. En los exámenes les hago preguntas sobre temas que a algunos los sorprende pero que finalmente responden aceptando su importancia como, por ejemplo, qué opina sobre el ALCA, o sobre la demanda de aumentos salariales, o los cortes de ruta, o sobre la reforma judicial que propicia el Banco Mundial... Quiero decir que nuestra indagatoria va en sentido opuesto al concepto de una abogacía para el lucro, para nosotros lo esencial es su apuesta a la solidaridad, a los derechos humanos, a la defensa de nuestro patrimonio nacional. Y creo, en definitiva, que estamos contribuyendo a tener en la provincia mejores jueces”. La de Entre Ríos es la más flamante experiencia, comenzó en 2004 y además de los trabajadores judiciales, está el representante de las ONG que eligen en asamblea a su delegado.

En fin, la experiencia es apasionante. Están librando batalla en un nuevo espacio, en instituciones que eran consideradas el riñón de la alta sociedad y el instrumento de la impunidad. Y eso es lo que ha comenzado a quebrantarse en Santa Cruz, Chubut y Entre Ríos.