En el Juzgado Federal de General Roca, que encabeza la jueza María del Carmen García, se dieron cita un centenar de militantes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UnTER-CTA), de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA), Sindicato de Trabajadores de la Justicia (SiTraJur-CTA) y la Central provincial -junto a otras organizaciones- acompañaron esta presentación que pretende generar una profunda investigación sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura y la persecución a militantes populares de la región.

En su presentación, Luis Yenga, estuvo acompañado por la abogada Ana Calafat, Noemí Labrune de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y por la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos en Neuquén, Beatriz Gentile.

Momentos antes de ingresar al juzgado y en un emotivo diálogo, Yenga exteriorizó su intención de contar por qué lo secuestraron: “Me llevaron porque algo había hecho: movilizar y apoyar la lucha de los trabajadores de la educación y también de los mineros de Sierra Grande”; además por organizar “asambleas multitudinarias y una organización gremial que entre todos defendía los derechos de los trabajadores”, señaló el dirigente en las puertas del juzgado.