Una multitud marchó desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo para reclamar la aparición con vida de Jorge López, horas después de que se conocieron las amenazas a los integrantes del tribunal que sentenciaron a cadena perpetua a Etchetcolatz, condenado a reclusión perpetua en el marco de los hechos aberrantes y la sistemática violación de Derechos Humanos durante la última dictadura militar, y que refuerza la importancia de demostrar que la búsqueda de la verdad y la justicia no se negocia.

“Exigimos al gobierno nacional la aparición con vida de López”. Esa bandera fue la que encabezó la multitudinaria marcha que cerca de las 18 partió desde el Congreso de la Nación hasta la Plaza de Mayo. Allí se podía observar a Nilda Eloy, otra de las testigos claves, junto a López, que permitió la condena a reclusión perpetua por genocida contra Etchecolatz. También se encontraban las máximas representaciones de los organismos de derechos humanos, de partidos de izquierda, organizaciones sociales; además de familiares de víctimas de la AMIA, República Cromañón o el gatillo fácil. También se puedo ver entre la multitud a Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Así, organismos de derechos humanos, movimientos sociales, territoriales, sindicatos y partidos políticos unificaron su canto a lo largo de toda la marcha: “¡Ahora, ahora / resulta indispensable / aparición con vida y castigo a los culpables!”, atronó a lo largo de todo el recorrido.

Taty Almeida, sostuvo que “los organismos marchamos para reclamar la aparición con vida de Jorge López, para apoyar y respetar el dolor de su familia y para demostrar que no hay que tener miedo. A los genocidas les está llegando la justicia, la misma que ellos les negaron a nuestros hijos, y por eso es esta reacción. Pero no van a poder con nosotras, como no pudieron en el pasado” y añadió “que esta marcha también fue en defensa de la democracia”.

Por su parte, el secretario general de la CTA, Víctor De Gennaro, afirmó que “los juicios por genocidio en el siglo XX fueron de los ejércitos vencedores hacia los pueblos vencidos; menos uno. La mayoría del pueblo argentino, con el emblema de los pañuelos de nuestras madres y abuelas, sin ejército y con conciencia y movilización, logramos sentar en el banquillo de los acusados a los genocidas. Por eso, no hay aprietes que puedan parar el compromiso de terminar con la impunidad”.

La nutrida columna de la Central contó con la presencia de los máximos dirigentes del Secretariado nacional, de las mesas regionales de Capital Federal y provincia de Buenos Aires. También estuvieron los diputados nacionales Claudio Lozano y Edgardo Depetri; además Hugo Yasky, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA-CTA).

Sembrar el miedo

Las amenazas a organismos de derechos humanos, abogados y testigos llegaron ahora a jueces y fiscales que lleva causas sobre la dictadura militar. Uno de esos textos intimidatorios alcanzó a los jueces que condenaron a Miguel Etchecolatz: Norberto Lorenzo, Carlos Rozanski y Horacio Insaurralde.

El primer párrafo del texto que llegó ayer al Poder Judicial platense dice: “Un grupo de argentinos dispuestos a luchar por la VERDADERA JUSTICIA le quiere recomendar la lectura del libro ‘¿Por qué señor presidente?’, de Rafael Sarmiento. Este es un excelente y debelador (sic) libro en el que un Hombre de Leyes, relata lo que está ocurriendo con la Justicia de nuestro país, la cual es manipulada por el gobierno nacional, en pos de sus más repudiables intereses, bajo la ‘dirección general’ del Presidente, la ‘dirección operativa’ del Procurador General de la Nación y con la COMPLICIDAD de muchos jueces, fiscales y hasta algunos supuestos ‘defensores’ de los inculpados”.

Además de Rozanski, recibió una carta el juez federal de Santa Fe Reynaldo Rodríguez y los fiscales federales Jorge Auat, de Resistencia; Eduardo Ferrer, de Tucumán, y Eduardo Raúl Taiano y Miguel Angel Ossorio, de Buenos Aires. El texto llegó a cada uno de ellos en los mismos términos que los magistrados platenses: los sobres estaban cerrados y sellados y fueron despachados al parecer el 22 de septiembre en dos filiales del Correo Argentino: una en Villa Urquiza y la otra en Pueyrredón. El remitente: “III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo-Barcelona-España” y llevaban por título: “¡¡¡LA VERDADERA JUSTICIA llegará!!!”.

Además, los organismos de derechos humanos de Santa Fe denunciaron la aparición de volantes de carácter “intimidatorio y provocador” sobre la Casa de Derechos Humanos que nuclea a las entidades. “Jorge López -decía el volante-: desaparecido 30.001 ¿quién será el 30.002?”.

“Con vida lo queremos”

Con la convocatoria de la Regional Paraná de Hijos y la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (Afader) se realizó ayer un acto en la Plaza Alvear en la ciudad de Paraná para exigir la aparición ya de Jorge Lucio López y expresar el repudio de la comunidad paranaense a la desaparición del testigo clave en el juicio contra el ex represor Miguel Etchecolatz. Estas manifestaciones se reprodujeron en distintos puntos del país, como en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires.

De hecho, la CTA y sus organizaciones de base en toda la Argentina lanzaron una campaña nacional para lograr la aparición de Jorge López “en todas las instancias institucionales y acciones sociales que impulsen el esclarecimiento de la desaparición del compañero López e impulsar la continuidad de los Juicios por la Verdad” y que acompañará “todas las iniciativas de las organizaciones de Derechos Humanos y propiciar la más amplia unidad de acción que posibilite sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.

En ese marco, la CTA de Buenos Aires se reunió el lunes, junto a otras organizaciones sociales, sindicales y empresariales, con el gobernador Felipe Sola para expresar el compromiso de trabajar y colaborar en la búsqueda y le solicitaron al mandatario provincial que sea intransigente con aquellos sectores de las fuerzas de seguridad y de la política que trabajaron durante la última dictadura militar.