
Por Mariano Vázquez y María Mendez. Esteban Alejandro Armella, era un joven militante de la Organización Barrial Tupac Amaru de la CTA; además, integraba la Copa de Leche “Los Chirolitas”, que atiende a 169 niños del Barrio Belgrano, de San Salvador de Jujuy. Armella, “Chirolita” como lo llamaban sus amigos y compañeros, se ha convertido este fin de semana en una nueva víctima de la violencia policial. Así lo denuncia la Comisión Ejecutiva Provincial de la Central y así lo retrata Milagros Sala, secretaria adjunta de la CTA Jujuy y coordinadora de la Tupac Amaru, quien se reunió hoy con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, para denunciar la muerte de Armella. Además, este jueves, habrá movilización en la capital provincial en reclamo de justicia.
“Lo que hoy a pasado con Chirolita viene pasando con muchos pibes que no tienen quien los defienda. El estaba dentro de la CTA y por eso nosotros vamos a poner todo hasta las últimas consecuencias. ¿Pero qué pasa con los pibes que no tienen alguien que los ayude? En el mismo barrio, la gente nos decía a nosotros que este es el décimo caso”. De esta manera, Milagros graficó -en diálogo con ACTA en la ciudad de Buenos Aires - la situación de los jóvenes en las barriadas de Jujuy.
Acompañada por una veintena de militantes de su organización, explicó que Esteban Armella, de 33 años, murió en la mañana del sábado “a causa de la golpiza que recibió en la Brigada de Investigaciones de la Policía jujeña”. Y agregó: “Lo detuvieron en su barrio por `portación de cara’, por averiguación de antecedentes y en la comisaría fue golpeado por un policía que le dicen ‘Rompehuesos’. La policía anda diciendo que tuvo epilepsia y que se golpeó en la celda y Chirolita tenía hematomas en la nuca y en el costado derecho de la cabeza y después lo llevaron al hospital”.
Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Jujuy informó que “el martes 23 fue trasladado de urgencia al hospital Pablo Soria, donde permaneció cinco días en coma cuatro y estado vegetativo. Intentaron estabilizarlo con una operación de urgencia, sin éxito, y el sábado murió”.
Acerca de las repercusiones que la muerte tuvo en ámbitos gubernamentales nacionales, la referente de la Tupac Amaru contó que “Duhalde tenía conocimiento de esto y nos explicó que había hablado con la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, la doctora Aisemberg. Y nos dijo que está tratando de tener mayores datos. Nosotros le reafirmamos que no queremos que nos maten más a los pibes y que su Secretaría comience a trabajar como tiene que ser y se ponga al frente de ésto”. De esta reunión participaron también Fernando Acosta, secretario general de la CTA Jujuy; Ricardo Peidro y Edgardo Depetri, secretario de Derechos Humanos y de Organización de la CTA Nacional, respectivamente.
Además, el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, envió a un asesor a Jujuy para interiorizarse del tema. En tanto que la dirigente barrial informó que los abogados de la CTA, Miguel Frías, Luis Paz y Natalia Fasi están trabajando activamente en la causa.
María Molina era muy amiga de “Chirolita”, eran vecinos en el barrio Belgrano, y explicó a ACTA porqué llegó a la ciudad de Buenos Aires: “Vinimos por el tema de nuestro compañero Chirolita y porque la Brigada de Investigaciones, la que no va uniformada y anda de civil, siempre está deteniendo a los chicos. Chirolita era más que todo mi amigo, era del mismo barrio”. Por su parte, Alejandro Mansilla, coordinador de la Juventud de la CTA Jujuy, sostuvo que esta Brigada utiliza como práctica sistemática “la detención, el robo, los aprietes, y operativos falsos, como el que hicieron en la casa de Milagros, que se metieron y armaron un simulacro de robo. Por eso venimos denunciando hace rato el maltrato a muchos de nuestros compañeros de la Juventud, porque los meten presos, les pegan, los acusan por `portación de cara’ y les arman causa incluso”.
Ratificando estas denuncias, la Secretaría de Derechos Humanos de la Central afirmó: “La muerte de Esteban es la gota que rebalsó el vaso de una serie de abusos cometidos por personal policial, al amparo de las disposiciones de un Código contravencional impuesto por la dictadura militar, y que sigue aún en vigencia. Esta legislación, permite la detención de personas por causas tan imprecisas como ‘vagancia’, ‘averiguación de antecedentes’ y otras de ese tenor”.
“En definitiva -subrayaron-, muchos compañeros son detenidos por ‘portación de cara’, ya que, según el criterio de muchos efectivos policiales, el hecho de ser pobre -y que se note- es razón suficiente para el encarcelamiento y el maltrato”.
“Los habitantes de los barrios más castigados de nuestra provincia sufren, además de la marginalidad y la pobreza, el castigo de ser signados como sospechosos y tratados como tales”, indicaron. “El trabajo nuestro, como organización, es sacar a los chicos de la calle, de la droga y del choreo. Y aparentemente parece que a este sector de la policía no le gusta nada, porque le estamos sacando parte de su negocio”, concluye Milagros.
En un documento elaborado por la CTA Jujuy, los representantes de la misma aseveran que “los funcionarios policiales no sólo responden a una tradición que los educa en el prejuicio y la desconfianza, sino que son formados en una Escuela de Policía cuyo director, el comisario Ruiz, está implicado en denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, y mencionado en los expedientes de los Juicios por la Verdad que se sustancian en nuestra provincia”. Por eso, Milagros Sala se pregunta “¿Qué podemos esperar nosotros si el que tiene la Escuela de Formación de la Policía en Jujuy es un tipo que estuvo implicado en la época de la dictadura militar, haciendo desaparecer gente y torturando compañeros?”.
Por todas estas circunstancias, el jueves próximo se realizará una movilización en San Salvador de Jujuy para “repudiar esta práctica cotidiana, que convierte en culpables a las víctimas de la miseria y el agobio económico; insistir en la revisión del Código Contravencional, que permite el atropello de nuestros derechos y libertades individuales; exigir un investigación profunda y completa de los hechos que derivaron en la muerte de nuestro compañero; y reclamar el justo castigo a los responsables directos de esta tragedia, y a los que, por acción u omisión hicieron que fuera posible”.
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