La huelga de hambre tiene ya magnitudes inéditas. Al día de hoy en 23 unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires y dos unidades federales, más de 12.000 personas privadas de su libertad reclaman a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia la declaración de inconstitucionalidad del Art. 24 del Código Penal; la plena y preferencial aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal 24.660 por sobre la Ley Provincial del mismo tenor 12.256; y la derogación efectiva de la Ley 12.405 -"Ley Ruckauf", que disponía la prisión preventiva de manera automática, y cuya reforma se ha aplicado selectivamente.

Las Unidades involucradas en forma total o parcial son: la Unidad Nº 1 de Lisandro Olmos; la Unidad 6 de Dolores; Unidad 7 de Azul; Unidad 4 de Bahía Blanca; Unidades 8 y 33 de mujeres; Unidad 30 de Gral. Alvear; Unidad 24 de Florencio Varela; 2 y 38 de Sierra Chica; 37 de Barker; Unidad 28, Unidad 35 y 36 de Magdalena; Unidad 17; Unidad 18 de Gorina; Unidad 42 y 43; Unidad 45 de Melchor Romero; y Unidad 15 de Batán. Todas ellas pertenecientes al Servicio Penitenciario Bonaerense. El penal de Villa Devoto y la Unidad 3 de mujeres de Ezeiza se plegaron en las últimas horas.

Mientras los poderes del Estado se mantienen alerta, la crisis carcelaria se agudiza y, aunque sin violencia, comienza a hacerse visible en los medios de comunicación que se mantuvieron al margen durante más de 10 días.

Los datos son alarmantes y dan la razón a los huelgistas. Más del 70% de las personas alojadas en el servicio penitenciario o en comisarías bonaerenses se encuentran procesados sin condena firme a la espera de que la justicia se pronuncie.

Hasta el momento, diferentes funcionarios han mantenido conversaciones con los presos en huelga de hambre, pero ninguno parece querer pagar el costo político de ordenar que se implemente la nueva ley de excarcelaciones que votó la legislatura bonaerense a principios de año.

"Basta de pobres encarcelados"

Las banderas en las rejas de los penales que la televisión no nos muestra denuncian el ensañamiento que el sistema tiene con los más débiles, con los que le sobran. Según el Colectivo de Comunicación Popular Radio La Cantora, que acompaña el reclamo de los presos y sus familiares, "el promedio de edad de las personas privadas de la libertad en la provincia es de 21 años. El 80% de ellos proviene de los sectores más sensibles de nuestra sociedad. Es decir, hablamos de personas a las cuales se las ha condenado a muerte desde el mismo momento de su nacimiento".