En la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), integrantes de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos argentinas y españolas realizarán este encuentro desde el mediodía para adherirse a la campaña que se impulsa en nuestro país para exigir la aparición con vida de López, desaparecido desde el pasado 17 de septiembre.

La Asamblea por los Derechos Humanos de España, la Casa Argentina, Casapueblos e HIJOS de Madrid son algunas de las organizaciones que convocan a esta rueda de prensa. “El propósito es, por un lado, expresar la consternación y el repudio a la desaparición de Jorge Julio López, y también por las amenazas que vienen sufriendo en forma permanente todos los que están involucrados en las causas contra los militares y los genocidas, sean testigos, familiares, fiscales, jueces o abogados”, expresó en diálogo telefónico con ACTA, Carlos Slepoy.

Acerca de la actividad de mañana, explicó que “lo que se quiere expresar es la preocupación de las instituciones españolas que han trabajado mucho en relación a los derechos humanos en Argentina” y que, en ese sentido, se va a emitir un comunicado en el plantearán su visión sobre esta problemática. “Esta situación es producto del avance que se ha producido en el enjuiciamiento a los genocidas y su reacción, en este sentido, es previsible”, expresó Slepoy. Pero también indicó que lo que sucede actualmente “es consecuencia de manifiestas insuficiencias en el juzgamiento y en las medidas que se adoptan para evitar estos hechos”.

En este sentido, el abogado recordó que han elaborado una serie de propuestas, que serán presentadas mañana, y que entre otros puntos incluyen el pedido de:

 La erradicación definitiva de todos los elementos de las Fuerzas Armadas o de Policías de Seguridad comprometidos con la dictadura.

 Protección integral a todos los que participan de los juicios, sean testigos u operadores judiciales.

 La necesidad de terminar con esta atomización de los juicios. Y para ello es necesario establecer una política de Estado, lo que significaría contar con un sistema nacional de enjuiciamiento, con concentración de las causas, que evite que los testigos tengan que declarar reiteradamente en diferentes lugares.

Sobre este punto, Slepoy explicó que “debería ser válido un testimonio ante un Tribunal para imputar a todos aquellos que se tienen que imputar y para relatar todo lo que tengan que relatar”. Además, “los juicios deben hacerse con la seriedad que merecen y teniendo en cuenta ésta última sentencia, que estableció la existencia de un genocidio en el país”

Plena dedicación de jueces y fiscales

Por otra parte, insistió en que “los jueces y fiscales deben tener plena y exclusiva dedicación”, y que se debe involucrar e imputar “no sólo a los responsables militares y policiales, sino también a los responsables civiles de estos hechos”.

Consultado acerca de las acciones que se realizan en nuestro país, Slepoy dijo que “los que estamos más o menos interesados o involucrados en este tema seguimos con mucha tensión todo lo que está aconteciendo”. Y que “éste es un momento bisagra: se avanza decidida y eficazmente para hacer los juicios como hay que hacerlos, adoptando las medidas necesarias para terminar con estas manifestaciones de todo tipo por parte de los genocidas y de sus cómplices; o bien habrá un grave peligro de que los juicios languidezcan y esta gente siga coaccionando como lo está haciendo”.

Finalmente, comparó el desarrollo de los juicios contra los represores en la Argentina con lo que ocurre en España. “Las diferencias son sustanciales, porque, en principio, aquí hay un único tribunal que concentra toda la causa, porque es una causa por genocidio e imputa a todos los responsables”, informó. Pero por otra parte, reconoció que allí se trata de “un juicio con la dificultad de que sólo pueden ser juzgados aquellos que son detenidos por el Tribunal, porque no puede haber juicios en ausencia”.

Para Slepoy, “en este momento en Argentina existen muchas mejores condiciones para hacer algo que pueda parecerse al proceso español, pero tiene también mucha mayor complejidad, porque se trata de miles de acusados, una enorme cantidad de testigos que tienen que declarar, muchos jueces y fiscales que tienen que intervenir”.

Sobre el rol del Estado argentino, Slepoy fue contundente: “Tiene la responsabilidad de garantizar, por un lado, la seguridad de quienes actúan en estas causas; pero también debe adoptar las medidas necesarias para que estos juicios se hagan en relación con la gravedad que han tenido”. Expresó que “necesitamos una gran megacausa por el delito de genocidio. Es decir, que todos los que participaron en la comisión de delitos de lesa humanidad son responsables del delito de genocidio. Y para ello tiene que haber jueces y fiscales de plena dedicación que quieran juzgar estos hechos, y no como ocurre hasta ahora, que hay muchos que se desentienden en complicidad con la dictadura. El Estado tiene un rol fundamental que cumplir en este momento. En mi opinión, no hay una política de Estado en la materia y para juzgar estos hechos por genocidio es necesario que la haya”.