Representantes de organismos de Derechos Humanos y de diferentes organizaciones sociales convocaron a la realización de una masiva movilización por justicia, verdad y memoria para el viernes a las 18 horas. La marcha partirá desde Colón y Cañada. También convocan la CTA, CGT, movimientos barriales y la Municipalidad de Córdoba a través de la Secretaría de Derechos Humanos.

“Creemos que es una obligación de todos los sectores sociales y del Estado movilizarnos porque es la mejor, la de un pueblo movilizado en la calle”, expresó Miguel Baronetto, secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad y secretario adjunto de la CTA Córdoba, en la conferencia de prensa realizada en el local de Hijos y Familiares.

La lectura que hace la justicia de Córdoba y el poder político sobre las amenazas y agresiones recibidas por testigos, militantes, abogados en Córdoba no es compartida por los organismos de derechos humanos. Así lo hizo conocer Agustín Di Toffino. “La caracterización que estamos haciendo es que se trata de un hecho político que busca amedrentar”. La representante de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres, por su parte expresó que “ayer elevaron a juicio una causa que no tiene nada que ver conmigo. Los acusados no son los que entraron a mi domicilio, ni los que me amenazaron de muerte”. Comentó además que en el domicilio de su hija “tomaron prestada una cartera, que dejaron a unas pocas cuadras con una pistola berza, en un claro mensaje mafioso”. La dirigente considera que la carátula sobre las agresiones sufridas “robo calificado” debe ser cambiada por “intento de homicidio ya que me gatillaron dos veces en la cabeza”.

Di Toffino denunció que “hace 15 días un individuo entró en el estudio de Marité Sánchez y agredió a su socia diciéndoles que dejen las causas de derechos humanos” Además advirtió que en Córdoba “la situación es muy grave y tiene que ver con el desarrollo de los juicios y con posibles nuevas imputaciones a represores”. Por eso alertó a la sociedad sobre la necesidad “de seguir con estos juicios, porque en definitiva lo que está en juego es decidir si queremos convivir en un país con las bandas de represores sueltos y con un aparato de impunidad intacto o si queremos vivir en un país con memoria, verdad y justicia”.

Baronetto dijo que "en la medida en que no haya una respuesta por parte de la justicia y del gobierno en relación a la apertura de los archivos policiales, al aceleramiento de las causas al desmantelamiento del aparato represivo y a informar acerca de la relación de la policía con las empresas de seguridad donde anidan muchos ex represores no se pondrá freno a las amenazas". Además fustigó las expresiones vertidas por el dictador Reynaldo Bignone “alentando a las nuevas generaciones a concluir la tarea que ellos dejaron inconclusa. Esto debería alertar no solamente a la sociedad sino al gobierno que ya debería denunciarlo por apología del crimen”.