
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA) rechazó la disposición de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, intimando a la organización gremial a no realizar medidas de fuerza, hasta que se agote la instancia judicial bajo apercibimiento de declarar ilegal el paro.
El documento legal fue elevado al subsecretario de Trabajo, Marcial Cane, por el secretario general de ATE, Alejandro Garzón, en su calidad de titular del Consejo Directivo Provincial.

En el mismo, ATE interpretó que se trata de un cercenamiento del derecho a huelga, “estableciendo inadmisibles e ilegales recaudos o vías de corte jurisdiccional, como requisitos previos a la implementación de medidas de acción directa por parte de nuestro gremio, mediante recaudos no requeridos por la legislación vigente”.
Además, pide la revisión de las disposiciones administrativas, por considerarlas violatorios de la legislación vigente y contrarios a elementales principios de Derecho Constitucional, normas de la Constitución Provincial y Nacional, tratados internacionales de Derechos Humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
Más adelante, se hace hincapié a que en su momento, al ser notificados de la Conciliación Obligatoria establecida por el “Estado - patrón”, se acató la misma a los fines de evitar las sanciones determinadas por el artículo 32 de la Ley 2.450/96 en perjurio de sus afiliados.
También se planteó que este proceso no pudo exceder del plazo de quince días, que pudo prorrogarse por otros cinco días a criterio de la autoridad laboral.
“El gremio ATE, frente a la intransigencia patronal en el reconocimiento de los justos reclamos de sus compañeros, al agotarse el plazo hace saber la declinatoria de la vía administrativa iniciada”.
También se argumentó que la Subsecretaría de Trabajo aceptó la declinatoria de la vía administrativa, y que le hace saber al gremio que sus reclamos deberán ser dirimidos en la vía judicial.
Sobre esta disposición, ATE la considera violatoria de la ley vigente por cuanto establece restricciones arbitrarias e ilegales al derecho tutelado por el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional.
Por otra parte, en la jornada de ayer se concretaron las medidas de fuerza programadas para seis hospitales públicos de la provincia.
En este sentido, en diálogo con este medio, la delegada de los empleados del Hospital Regional, Viviana Barbería, dio a conocer que el acatamiento fue del 70 por ciento.
En cuanto a la repercusión en los demás nosocomios de la provincia, destacó que en la localidad de Caleta Olivia fue del 100 por ciento; y en 28 de Noviembre del 90 por ciento. En tanto en Río Turbio y San Julián osciló en el 50 por ciento.
Asimismo, manifestó que ayer comenzó a cumplirse el paro en Pico Truncado y que esta jornada se sumará el séptimo hospital, en este caso en la ciudad de Los Antiguos.
Sobre la continuidad del plan de lucha, la Delegada informó que este mediodía a las 13:00 y después de las seis horas de paros previstas para hoy, se realizará una asamblea que evaluará las medidas a seguir.
“La decisión la toma la asamblea, no sabemos la modalidad que va a tomar, pero es posible que vayamos a un paro de 24 horas”, dijo Barbería.
Por otra parte, manifestó que le pedirán una reunión inmediata al futuro ministro de Asuntos Sociales Juan Carlos Nadalich, y que este debe estar al tanto de las condiciones en las que va a tomar ese Ministerio.
En cuanto al rechazo de la disposición laboral, la Delegada expresó: “Se acaba de rechazar porque consideramos que no fue ni en tiempo ni en forma. Nosotros el día viernes hicimos una declinación de la vía administrativa, después de la última reunión de la Conciliación Obligatoria, esta acepta la declinación, nos libera al accionar directo y posterior a esto nos manda la intimación, o sea que invirtieron los plazos legales”, dijo para finalizar.
Fuente: Tiempo Sur
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