En la tarde de ayer se conoció que el juez federal Nº1, Jorge Parache, firmó una resolución en la que decidió el traslado del represor Antonio Domingo Bussi al penal de Villar Urquiza, donde más de 800 reclusos cumplen sus penas. La misma suerte de Bussi también la corrió el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Ambos están alojados en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Entre sus argumentos, Parache sostuvo que en el ex Arsenal y su personal no reúnen las condiciones para el tipo de arresto al que deben ser sometidos los ex militares.

El ex gobernador de la dictadura está detenido desde el 15 de octubre de 2003 por la desparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, cumplió arresto domiciliario desde el 30 de octubre de ese año al ser trasladado a Buenos Aires para someterse a un tratamiento médico y recién, el 16 de marzo de este año, se ordenó su regreso a Tucumán para cumplir con una lista larga de citaciones de indagatorias. Desde ese día, estaba alojado en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Precisamente, la medida que tomó Parache es uno de los puntos que venían exigiendo las organizaciones de derechos humanos, que ayer, junto a dirigentes sociales, gremiales y políticos se declararon en estado de asamblea y movilización permanente ante la ola de intimidaciones. Por ello, convocaron a una nueva marcha para mañana, a las 20.30, en la Plaza Independencia, en repudio a la campaña de amenazas que se lanzó en el país contra jueces, fiscales, testigos y abogados que actúan en las causas de la dictadura militar.

Los militantes exigen la aparición con vida de Jorge Julio López, el testigo clave en el juicio del represor Miguel Etchecolatz, el desmantelamiento del aparato represor y cárcel común para los genocidas presos en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga: Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Alberto Cataneo (II Comandante de la V Brigada del Ejército), Mario Albino Zimmerman y Roberto “Tuerto” Albornoz.

El otro punto que causó indignación en los militantes fueron las declaraciones del ex presidente de la dictadura, Reynaldo Bignone, quien ratificó ayer haber escrito la carta publicada en internet, en la cual se insta a la “juventud” a terminar lo que ellos no pudieron. “No puedo negar haberla escrito, pero niego terminantemente que tenga algo que ver con el tema del jueves", señaló el ex dictador en referencia al acto que se realizará hoy en memoria de los militares caídos “en manos de la guerrilla”.La carta de Bignone fue publicada en el sitio en Internet de la organización Argentinos por la Memoria Completa, que reivindica el papel de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Por este motivo, los militantes de derechos humanos pidieron la detención del ex presidente del gobierno de facto.

En Tucumán, no sólo el fiscal federal Emilio Ferrer y Alberto Augier, quien estuvo secuestrado durante la dictadura, fueron víctimas de las amenazas que circulan contra los que investigan causas relacionadas con delitos de lesa humanidad. La abogada Laura Figueroa confirmó que el juez federal Nº 1, Jorge Parache, y un grupo de abogados defensores de familiares de desaparecidos (entre los que se encuentra ella), también fueron amenazados. “Parache recibió el mensaje el mismo día que lo hizo el fiscal Ferrer”, lamentó la letrada. Figueroa, vocera del encuentro, instó a los ciudadanos a que toman las plazas públicas para agraviar los hechos que están sucediendo contra los derechos humanos. Ayer, la fiscal federal de Córdoba Graciela López de Filoñuk, quien investiga al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, también fue víctima de las amenazas.

Informe: Primerafuente, Portal de noticias de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT-CTA).