
En su resolución, el juez federal Nº1, Jorge Parache, concluyó que en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga no están dadas las condiciones de seguridad para que Bussi y Menéndez cumplan la prisión preventiva dictada en la causa Pastor Cerezo. La defensa de ambos ex represores apeló ayer la medida y ahora el traslado quedó en un punto gris.
Los argumentos del juez, a casi tres años de prisión del ex gobernador de facto.“Bussi y Menéndez son héroes nacionales que triunfaron sobre el terrorismo”, disparó el abogado Conesa Mones Ruiz. Esta noche, militantes de derechos humanos marchan a la Plaza Independencia.

El traslado de los ex represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez al penal de Villa Urquiza aún no tiene fecha ni hora. Luego de que la defensa de ambos militares apeló la resolución del juez federal Nº1, Jorge Parache, la medida quedó en un punto gris. Altas fuentes de la Justicia Federal indicaron que ahora el magistrado evaluará si la apelación tiene efectos suspensivos o permite la ejecución inmediata de la resolución. En el primer caso, la medida dependerá de lo que resuelva la Cámara Federal de Apelaciones, mientras que en el segundo, el juez procederá a fijar fecha y hora del traslado desde el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, ubicado en sobre ruta Nº 9, en Las Talitas.
Parache tomó la medida en el marco de la causa en la que se investiga el secuestro y desaparición de Enrique Pastor Cerezo, en la que ambos se encuentran procesados con prisión preventiva desde el 22 de mayo de este año. El juez hizo lugar a un pedido del fiscal federal Nº1, Emilio Ferrer, quien argumentó que es contrario al orden jurídico vigente que tanto Bussi como Menéndez, procesados por delitos de lesa humanidad, estén presos en cárceles especiales, y en este caso dependientes de las fuerzas militares.
En ese sentido, el fiscal alertó que las dependencias de las Fuerzas Armadas y las bases militares no garantizan las mismas condiciones de seguridad a las que está obligado constitucionalmente el Estado. “Las Fuerzas Armadas no poseen especialización, pues su formación y capacitación profesional, se encuentra encaminada a la defensa nacional en hipótesis de guerra y no a la seguridad interior...”, se expresa en el escrito al que tuvo acceso primerafuente.
Se agrega que no garantiza “el control del registro de visitas, del ingreso de objetos y alimentos, pues su personal no hay sido específicamente capacitado para atender a detenidos sin condena en el marco de procesos de naturaleza no militar”. Como conclusión se precisó que: “a las Fuerzas Armadas les está vedado ejercer las funciones de custodia y seguridad de los presos a disposición de los tribunales ordinarios”.
Frente a estos argumentos, Parache apoyó la opinión del fiscal y concluyó que “el tratamiento penitenciario solamente puede ser llevado a cabo en las unidades penitenciarias creadas al efecto, donde se puede efectuar el régimen progresivo y de esta manera acceder a las distintas modalidades de la ejecución de la pena”. Y en este punto, precisó que en virtud a un convenio entre la Provincia y la Nación “los detenidos que pertenecen al sistema federal deben ser alojado en la unidad penitenciaria de Villa Urquiza”.
Según la resolución, defensa aseguró que el fiscal se olvidó de que ambos generales retirados aún gozan de la prisión domiciliaria, que fue otorgada en el marco de la cauda del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse. En el caso de Bussi, este beneficio se concedió debido a su edad de 80 años y a su estado de salud. También se recordó que solicitó la prisión domiciliaria en forma “provisoria” en la capital tucumana, hasta que produzcan las indagatorias.
Bussi está detenido desde el 15 de octubre de 2003 por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, cumplió arresto domiciliario desde el 30 de octubre de ese año al ser trasladado a Buenos Aires para someterse a un tratamiento médico y recién, el 16 de marzo de este año, el juez ordenó su regreso a Tucumán para cumplir con una lista larga de citaciones de indagatorias.
“Ni Bussi y Menéndez pueden afectar el orden público, eso está a la vista. Se trata de una resolución absurda y arbitraria con fines políticos, que no aplica la Constitución ni la normativa vigente. Se debería aplicar la Ley del Servicio Penitenciario Nacional, que determina la prisión domiciliaria para mayores de 70 años o enfermos. Creo que el traslado a Villa Urquiza no se puede cumplir hasta tanto se resuelva la apelación.
Son todas causas acumuladas que tienen un mismo origen, originado en una orden de un gobierno constitucional. Todo tiene un tinte político, Parache está cuestionado en el Consejo de la Magistratura, además el gobierno nacional ejerce presiones sobre fiscales y jueces. Kirchner es un tirano que no respeta las instituciones”, disparó el abogado defensor de los ex represores, Horacio Conesa Mones Ruiz, luego de presentar un recurso de apelación en los Tribunales Federales.
Con respecto a la situación de sus clientes aseguró que Bussi está muy enfermo y que Menéndez está “relativamente bien” y se encuentra en Córdoba cumpliendo arresto domiciliario y tiene que hacer varias declaraciones más ante la jueza Garzón, del Juzgado Federal Número 3. “Tanto Bussi como Menéndez son héroes nacionales que triunfaron sobre el terrorismo. El común de la gente lo percibe de esa manera”, lanzó al insistir en que corresponde que se aplique el Código de Justicia Militar. C
En referencia al cumplimiento de los tres años de prisión preventiva, fuentes judiciales aclararon que si bien correspondería la libertad para la causa Vargas Aignasse, no ocurre lo mismo con los siguientes procesos a los que fue sometido Bussi, quien este año recibió más de seis nuevas medidas de esa naturaleza en su contra. Sin embargo, el letrado insistió ayer con este punto.“ Ambos cumplen 3 años de prisión sin condena de ninguna naturaleza y no existe posibilidad de que dicte condena, con lo cual tienen que dejar el libertad por los pactos internacionales, como de San José de Costa Rica y las leyes nacionales”, dijo el letrado, luego de responder un insulto de un abogado que pasaba por los Tribunales Federales.
Fuente: Primerafuente. Portal de noticias de la Asociación de Trabajadores de Prensa de Tucumán (ATP-CTA)
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