La acusación popular, y también los querellantes particulares, habían solicitado a la justicia española que condene a Scilingo como co-autor de todos los crímenes que, cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) entre diciembre de 1976 y diciembre de 1977, afectaron a las personas cuyos datos de identificación personal y circunstancias de su secuestro, tortura y/o asesinato, desaparición o puesta en libertad, estaban acreditados en la causa. Y a esto se sumó el pedido del fiscal, que solicitó se le condene también por crímenes de lesa humanidad en sentido genérico.

Scilingo fue condenado el pasado martes, 19 de abril, a 640 años de prisión por ser partícipe de 193 secuestros, torturas y asesinatos o desapariciones y 93 secuestros y torturas (seguidos de libertad posterior). Pero además, muchos de esos casos englobaron también a aquellos secuestros de mujeres embarazadas y la apropiación de niños nacidos en cautiverio, 30 asesinatos producidos en los dos vuelos de la muerte en que participó Scilingo y dos casos de secuestro en que igualmente actuó. Sin embargo, la condena no incluyó la calificación jurídica de genocidio, pedida por los abogados de la Acusación Popular.

En esta primera aplicación de la Justicia Universal, los distintos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas, celebraron la condena del represor y recalcaron una vez más la lucha de las víctimas y de las organizaciones populares para impedir que tantos crímenes queden sin sanción. “La CTA, que declaró en este juicio a través del testimonio de Víctor De Gennaro, vive esta noticia como el resto de las organizaciones de derechos humanos, como un triunfo popular”, expresó el secretario de Derechos Humanos de la CTA nacional, Ricardo Peidro. “Scilingo ha sido parte del plan establecido por los sectores económicos más concentrados, que utilizaron a las fuerzas armadas para imponer el genocidio por planificación de la desigualdad de nuestro pueblo”, recordó el dirigente y finalizó: “este triunfo es importante, pero la lucha continúa y seguiremos peleando para que todos lo genocidas sean condenados también en nuestro país”.

“En cumplimiento de los compromisos internacionales suscriptos por España, se estableció para la persecución de los responsables de crímenes de genocidio y terrorismo la competencia de los tribunales españoles aún para el supuesto de que los mismos se cometieran fuera de territorio español, es decir que incorporó a su legislación el principio de jurisdicción universal”, explicó Carlos Slepoy, abogado de la acusación popular en ese país europeo y recordó que “en realidad este proceso judicial comprende a todos los integrantes de la dictadura militar responsables de la comisión de los crímenes señalados. Ahora se condenó a Scilingo, y esperamos en un futuro cercano comenzará el juicio oral contra, el igualmente miembro de la ESMA, Ricardo Miguel Cavallo”.