Hugo Blasco, flamante titular de la AJB

¿Cómo evalúa las denuncias públicas sobre el estado de la Justicia en la Provincia de Buenos Aires?

La situación del colapso de la Justicia es de viejísima data. En todo este tiempo, el único sector que siempre ha denunciado la situación de abandono en la que estamos, fuimos los trabajadores judiciales. Creemos que hay una cuestión central: la Justicia en la provincia de Buenos Aires no es una cuestión de Estado. No hay una perspectiva seria y a largo plazo que permitan tener un Poder Judicial que esté acorde a la demanda de Justicia de la población. Un ejemplo grafica claramente esta situación: en el año 1991, la participación del Poder Judicial en el presupuesto provincial era más o menos del 7% y hoy en día está arañando el 4%.

Pero ahora aparece en la agenda mediática...

Nos parece bien que se ponga en el tapete la crisis del sistema judicial, pero nos interesaría discutir seriamente y con todos los elementos sobre la mesa. Porque los que ahora salen a denunciar son los mismos que creen que a la justicia hay que analizarla como una cuestión económica de costo-beneficio, como si el Poder Judicial fuera una empresa. Son los mismos que sostienen el discurso de que se llegó a esto porque se trabaja pocas horas, porque la feria es larga, etc. Me parece que están equivocando el análisis. La realidad es que faltan juzgados, defensorías, unidades fiscales, personal, estructura tecnológica. Y para sanear eso se necesita plata.

Más allá del Fuero Penal, ¿cuál es la situación en las otras dependencias judiciales?

Cuando el Presidente de la Corte habla de colapso, lo hace en función de un pequeño sector, del ámbito penal. Eso es sólo una parte del problema, porque si uno va a las defensorías civiles o las asesorías de incapaces se encuentra con cuadros realmente patéticos, donde los trabajadores y funcionarios no pueden sostener la creciente demanda. Los juzgados de familia están desbordados desde hace muchos años. Las mesas de entradas, antes de las 7 de la mañana, ya tienen una cola de casi una cuadra. Eso no puede ser.

¿Cuál es la responsabilidad que le cabe al Poder Judicial?

La justicia no ha sido redimensionada en función de la demanda que tiene. Por ejemplo, nosotros vemos que a un fiscal de turno recibe en una semana entre 600 y 1000 causas, dependiendo el lugar. Evidentemente es imposible dar respuesta a semejante demanda. Hoy en día, el 75 u 80% de las personas procesadas tiene defensoría oficial y no tenemos la cantidad necesaria de defensores ni personal para atender a la gente debidamente. Esta crisis también se ve en la poca capacidad que tienen las fiscalías para investigar, en la falta de infraestructura tecnológica que permita realizar como corresponde la parte científica de la investigación. Habría que preguntarse qué ocurre con las Asesorías Periciales, con qué elementos cuentan, la cantidad de personal profesional que tienen. Son cosas muy básicas las que mencionamos.

Como propuesta para sanear esta situación desde la AJB pidieron participar en la discusión del presupuesto.

Sí, en la reunión del martes pasado pedimos participar en la discusión del presupuesto del Poder Judicial y quedaron en contestarnos. Creemos que el presupuesto tiene que ser la expresión económica de una decisión política. Si la decisión es cambiar la capacidad prestacional del Poder Judicial y dar respuesta a la creciente demanda de justicia de la población, entonces tenemos que hablar seriamente de otro presupuesto. Y por eso queremos participar de esa discusión, porque no solo tiene que ver con lo salarial, sino también con la cantidad de personal, de organismos jurisdiccionales, de la infraestructura tecnológica y la calidad de los edificios, entre otras cosas.

La discusión es más primitiva y tiene que ver con la concepción de justicia.

Claro, hay que discutir qué Justicia queremos y para quién. Tenemos que evaluar si queremos una Justicia funcional a la judicialización de la pobreza, a la criminalización de la protesta o una que atienda las necesidades de la población. La concepción de Justicia que se quiere queda siempre plasmada en la distribución del presupuesto, por eso creemos que es indispensable plasmar la visión del trabajador en esa discusión.