La funcionaria solicitó que, a través del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, se evalúen los criterios de validez temporal de los CUD, ya que en la actualidad, las personas con discapacidad permanentes deben renovar este documento cada cinco o diez años.

A su vez, el proyecto apunta a agilizar las gestiones con las provincias y municipios para que los CUD que se emitan acrediten la discapacidad en todo el territorio nacional. Asimismo, la propuesta impulsa la realización de campañas de difusión de los derechos de las personas con capacidades diferentes, para que puedan acceder a los beneficios que estipula la normativa vigente.

Según la legislación actual, para acceder al CUD, la persona debe someterse a la evaluación de una junta médica integrada por profesionales especializados. Esta junta es la que establece a su criterio el plazo de validez del documento, que va de entre los cinco y diez años, lo que obliga a las personas a tener que renovarlo, aunque se trate de una discapacidad irreversible.

Dado que el CUD es el documento que habilita las prestaciones establecidas por la ley Nº22.431 de protección integral para las personas discapacitadas, 1.802.051 familias argentinas se ven obligadas a renovar periódicamente los trámites necesarios para certificar una condición que, en muchos casos, no se alterará con el tiempo, con las dificultades y costos que eso significa.

La Fundación Par, dedicada a promover la integración de las personas con discapacidad, se sumó al proyecto de la diputada nacional y propuso que "se evalúe la necesidad de la documentación requerida para el otorgamiento o renovación del certificado para deficiencias permanentes y del tiempo de vigencia limitado establecido".

Por su parte, la legisladora destacó que "Argentina cuenta con abundante normativa destinada a eliminar la discriminación que padecen las personas con discapacidad y a promover la igualdad de oportunidades para ellas. Pero, casi toda esa legislación, fundamental para mejorar la calidad de vida de los discapacitados y sus familias, requiere el Certificado Unico de Discapacidad".

Finalmente, la diputada socialista sostuvo que "por ello es común ver desfilar cotidianamente por la sede del Servicio Nacional de Rehabilitación en la ciudad de Buenos Aires, a pacientes que recorren cientos de kilómetros para tramitar su certificado nacional, ante la imposibilidad de hacerlo en una delegación sanitaria cercana a su domicilio porque el certificado que emiten tiene validez provincial".

Fuente: Diario La Capital de Rosario