El Estado y la propia sociedad deben rodear a los testigos de los próximos juicios por derechos humanos porque de lo contrario ese miedo volverá a instalarse entre nosotros como sociedad”, dijo en diálogo con la agencia de noticias Télam.

“La condena a Etchecolatz es un punto de inflexión y la desaparición de López, un manotazo para retrotraer la situación”, indicó el fiscal bahiense a casi un mes -que se cumplirá este miércoles- de aquella condena y esta desaparición. “Las víctimas no pueden volver a quedar y sentirse solas, este es un tema central para la democracia en Argentina”, anadió Cañón.

El fiscal, que junto a Adolfo Pérez Esquivel copreside la Comisión Provincial por la Memoria, abogó porque el Estado les brinde “todo el apoyo necesario, incluso económico, pasajes, alojamiento, contención psicológica a ellos y sus familias, y seguridad con personal especializado”. “Pero lo central es lo que haga la sociedad en su conjunto, que se creen redes solidarias que acompañen a los testigos. Sin ello, habrá un retroceso”, auguró el fiscal.

¿Cree que puede haber otros “casos López”?

Nunca se puede descartar. Y esto muestra la importancia de la condena a Etchecolatz, que fue un verdadero punto de inflexión. Y la desaparición de Julio López buscó retrotraerlo, volver a victimizar a las víctimas, que tengan nuevamente miedo de relatar lo que les ocurrió.

¿Por qué punto de inflexión?

Porque el caso de López también envió un mensaje a la sociedad. El juicio fue el primero tras la anulación de las leyes del perdón, que restablece el deber del Estado de hacerse cargo de las víctimas, de escucharlas, algo que fue negado durante mucho tiempo. También es un punto de inflexión jurídico porque al definir que en la Argentina hubo un genocidio avanzó en la categorización judicial del exterminio de opositores.

El propio fallo alude a esa categorización como una “controversia”.

Yo comparto el valiente criterio del tribunal de decir que acá hubo un genocidio, poniendo el énfasis en la calidad en vez de la cantidad. Fue genocidio no porque hubo 30 mil desaparecidos en vez de los seis millones de judíos del Holocausto o el millón y medio de armenios, sino porque hubo un plan sistemático para eliminar a un grupo de la población. Un grupo nacional heterogéneo pero cuya característica era su oposición al plan proclamado por la dictadura de incorporar al país al «mundo occidental y cristiano».

¿Cree que cierra esa controversia?

Es parte de la inflexión. Desde el juicio a los comandante forma parte de nuestro acerbo jurídico que acá hubo un plan criminal y sistemático. La Constitución del 94 incorporó todos los tratados internacionales y algunos creemos que eso los torna operativos sin necesidad de una reglamentación especial. Ahora: la condena a Etchecolatz se basó en la tipificación del Código Penal, que es más pragmático en tanto refiere a una «normalidad» criminal que acá quedó totalmente superada.

Vale decir que ese fallo no tiene ningún valor para futuros juicios.

Pero podría tenerlo si cada uno de los crímenes a juzgar se refirieran a ese plan criminal. Esa calificación ayudaría a una acumulación o unificación procesal en todo el país. Eso haría más fácil un juzgamiento con la sola reindagación de los imputados en torno a ese plan.

Una de las seguridades que piden los testigos es no tener que pasar por decenas de juicios, lo que los torna más vulnerables.

Una alternativa sería establecer una jurisdicción unificada para ciertos delitos, como existe en España con la Audiencia Nacional, que se ocupa en todo el territorio de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.

¿Ve posible un cambio de esa magnitud?

No estoy hablando de un tribunal especial, prohibido expresamente por nuestra Constitución, sino en darle competencia a un tribunal existente, algo que puede lograrse con un cambio procesal por ley. En eso tenemos jurisprudencia. En Bahía Blanca, por ejemplo, la cámara resolvió que temas ocurridos en la base naval debían ser derivados a Buenos Aires, a la Cámara federal porteña, porque existía un mando centralizado. Estos son temas opinables pero creo que a esta altura ya es un debate necesario.

¿Cuál de estas alternativas sería más viable para acelerar los juicios?

No se nos escapa que acá hay grandes bolsones en el Ministerio Público y en el Poder Judicial de aliados con la dictadura, jueces y fiscales que hacen como si cumplieran con los pasos para no hacer nada. En esto también hay un punto de inflexión. O el castigo a los criminales se hace efectivo; o la derogación de las leyes y la política de Derechos Humanos van a quedar solamente como una buena enunciación de principios.

Fuente: Diario La Prensa de Santa Cruz