En la ceremonia, se reclamó la aparición con vida de Jorge Julio López, el testigo del caso Etchecolatz y también se dio un respaldo a los procesos judiciales en todas las causas de derechos humanos vinculadas al terrorismo de Estado y se exigió el esclarecimiento de todos los casos de amenazas y agresiones. Además se anunció la realización de una marcha para mañana, a las 18, que partirá de avenida Colón y La Cañada.

El encuentro en tribunales fue convocado por los Organismos de Derechos Humanos de Córdoba (Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas y las agrupaciones HIJOS. de las regionales Córdoba y Río Cuarto), que junto a las organizaciones gubernamentales y sociales articulan acciones conjuntas en defensa de la democracia y en contra de la impunidad.

En ese sentido, se recordó que a fines de septiembre quedó conformada la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, creada por la acordada 1606 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tal decisión fue tomada a partir de la reunión nacional de jueces realizada en marzo en Santa Fe con la participación de representantes de la Junta Federal de Cortes y de Tribunales de Justicia de distintas provincias y la Federación Argentina de la Magistratura y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, con la coordinación de las ministras Elena Highton y Carmen Argibay.

Al hablar sobre el tema, el abogado y militante por los derechos humanos, Luis Reinaudi, expresó que en la primera reunión de esta Comisión “se exteriorizó la profunda preocupación de los participantes por las amenazas recibidas por jueces y fiscales por su intervención en las causas vinculadas por violaciones a los Derechos Humanos”.

Además rescató “la plena vigencia del Estado de Derecho y la consecuente independencia del poder judicial que no tolera este tipo de actitudes antidemocráticas que pretenden impedir el normal desenvolvimiento de las instituciones”.

En esa línea de pensamiento manifestó que la comisión aboga por “garantizar el ejercicio de la función jurisdiccional, la debida protección de los testigos y bregar para que este tipo de hechos no se reiteren y tengan esclarecimiento y adecuada respuesta en el marco legalmente previsto”.

Tras la palabra de Luis Reinaudi, el abogado de Hijos, Martín Fresneda, invitó a rubricar la adhesión al documento y entre los firmantes estaban, el secretario General de la CTA-Córdoba, Oscar Mengarelli, el vicegobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, el Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba y secretario adjunto de la CTA-Córdoba, Luis “Vitín” Baronetto, la Abuela de Plaza de Mayo, Sonia Torres, los secretarios Generales de la CGT, Carmen Nebreda, Juan Leyría y Augusto Varas, el titula del radicalismo Mario Negri y el fiscal General de la Provincia, Gustavo Vidal Lazcano, entre otros.

El “run run” de una solicitada

La solicitada publicada ayer sobre el tema en los diarios locales, y que en el acto fue leída por Luis Reinaudi provocó polémica porque al pie, con las firmas del gobernador José Manuel De la Sota, del vicegobernador Juan Schiaretti y del propio Luis Juez, figura el sello y logo de la Gobernación.

Esto habría producido un profundo malestar en el intendente de la ciudad de Córdoba, Luis Juez, quien no concurrió al acto aduciendo “problemas de agenda”, tratando de minimizar el hecho. Por su parte, el Gobierno, a través de un comunicado, indicó que "es ajeno al error que se deslizó en las solicitadas publicadas en los principales medios gráficos de la Provincia, en la que los organismos de Derechos Humanos invitan a suscribir un documento exigiendo la aparición con vida de Julio López, el cese de las amenazas y el juzgamiento de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, y que al pie de página lleva los logos del Gobierno".

“Cabe aclarar, que el Gobierno de la Provincia no confeccionó las solicitadas. Tampoco tuvo ni tiene la intención de apropiarse de un reclamo que pertenece a toda la sociedad civil, sus organizaciones, partidos y entidades ciudadanas. Muy por el contrario, la intención del Gobierno fue la de adherir y colaborar con tan importante causa", indica el parte de prensa.

A su turno, Reinaudi aclaró que “el texto, que fue elaborado por las entidades de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, y firmado voluntariamente por cientos de ciudadanos y sus representantes, fue financiado con fondos de todos los bloques legislativos, poder del Estado que representa la pluralidad política y la convivencia democrática”.