Esta decisión se da en el marco de una ley de radiodifusión, la 22.285/80 sancionada por la última dictadura militar, que sigue vigente y excluye de la posibilidad de ser propietarios a gran parte de los miembros de la sociedad argentina, en particular a las organizaciones sin fines de lucro. “El Gobierno claudica ante los grupos económicos que manejan la prensa hegemónica y que han sido cómplices del saqueo sufrido por nuestra patria a manos del régimen de dominación neoliberal”, agregan los trabajadores de la comunicación de la Central en dicha declaración. Otras organizaciones, como la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCO) y los representantes de la Carrera de Comunicación de la UBA, también han repudiado esta decisión gubernamental.

Este decreto, según explican los trabajadores, beneficia especialmente a quienes tenían licencias que vencían indefectiblemente en el año 2007, luego de 25 años, dado que habían sido renovadas automáticamente durante la dictadura militar en 1982. “Los grandes grupos económicos que controlan la comunicación y la información en nuestro país tienen 10 años más para imponer su discurso único y su modelo de concentración de la riqueza. No hay democracia posible mientras las mayorías están amordazadas”, exhortaron.

Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad y son patrimonio común de la humanidad. Deberían ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. Sin embargo, “este Gobierno prorroga las licencias entregadas por la dictadura y el menemismo, dejando afuera a miles de otros aspirantes a utilizarlas. Y mantiene y consolida la vigencia de la norma dictatorial N° 22.285 que además de estar inspirada en los criterios de la doctrina de la seguridad nacional, es absolutamente centralizada, autoritaria y discriminatoria”.

Además, indicaron que el actual esquema de concentración de los medios en nuestro país, consolidado por 10 años más por este nuevo decreto, caracteriza el actual estado de situación, violatorio del principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que indica: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.”

“La única solución es una nueva Ley que respete nuestra Constitución Nacional asegurando el Derecho a la Información, la libertad de expresión para todos los sectores y el pluralismo a partir de la premisa de que la radiodifusión es una forma de ejercicio de esos derechos y no una simple actividad comercial”, explicó el secretario general de la CTA Córdoba y miembro de la FETRACOM, Juan Carlos Giuliani.

Concentración económica, concentración mediática

El informe presentado por la Federación de la Central, recuerda también que “en las últimas dos décadas se produjo el más espectacular proceso de concentración económica a escala mundial, regional y nacional. Las industrias culturales, las telecomunicaciones y más puntualmente los medios de comunicación, formaron parte de este proceso. Hoy, un grupo de megaempresas mundiales tiene la posibilidad de comunicarse y de promover su ideología a gran parte de la humanidad y con ello la instalación del pensamiento único”.

En ese sentido, nuestro país no fue ajeno a esta situación. “El mapa de concentración de medios durante, fundamentalmente, la década menemista muestra a seis grupos económicos controlando buena parte de la circulación de la información en la Argentina. Muchos de estos grupos están acusados, por distintas comisiones de investigación del Congreso nacional, de no poder demostrar los orígenes del dinero con que obtuvieron numerosos medios de comunicación”, explican y agregan que “buena parte de la sociedad, por no decir casi la mayoría, tiene absoluto desconocimiento sobre quiénes son las personas y los intereses que se mueven detrás de cada medio”.

Finalmente, los trabajadores de la comunicación y la cultura de la CTA reafirmaron que “no existirá democracia informativa sin que exista democracia económica” y que “sabemos que la concentración mediática tiene sus correlatos en las provincias, cuyo poder feudal se expresa en la propiedad de los medios. Los grupos empresarios que se vieron beneficiados con excepciones económicas, amparados en la figura de industrias culturales, son los que sistemáticamente burlan los estatutos y convenios de los trabajadores de la comunicación y ahora han vuelto a recibir la bendición del Gobierno nacional”.

Las condiciones laborales

Los trabajadores también denunciaron que varias de estas empresas concentradas, beneficiadas por el decreto, “evaden contribuciones patronales previsionales, retienen aportes de los sueldos sin ingresarlos a sus destinos correspondientes, no realizan los aportes sindicales ni de obra social y alteran balances, todo en la más absoluta impunidad”. Por ello, exigen la aplicación de la ley contra las patronales que tienen trabajadores en negro, no realizan aportes y mienten sobre la verdadera conformación societaria de algunas empresas.

También reclamaron al Gobierno nacional “la participación de nuestras entidades y de todos los trabajadores de los medios y la cultura en el debate sobre qué tipo de comunicación queremos para el país. Porque es inaceptable que resoluciones directas o discusiones de leyes, que afectan a miles de trabajadores de prensa y a millones de habitantes de Argentina, la tomen algunos funcionarios y empresarios encerrados entre cuatro paredes como ha ocurrido con la firma de este decreto arrancado por la presión de las corporaciones de la prensa hegemónica del régimen”.

La FETRACOM-CTA se pronunció a favor del desarrollo, fortalecimiento y otorgamiento de licencias a más de 5.000 radios AM y FM de todo el país, en las que trabajan 50.000 profesionales de la comunicación. “Nuestra federación, que ha impulsado el amplio acceso al espectro comunicacional de cooperativas, organizaciones sociales, culturales u otras formas de gestión social, no previstas por la ley de la dictadura militar, entiende que el fallo de la Corte Suprema de la Nación, donde declara la inconstitucionalidad del Art. 45 de la ley de Radiodifusión ya debería haber sido ratificado por el Congreso de la Nación”.

Así, Giuliani indicó que “los trabajadores de prensa y de la cultura somos los principales generadores y productores de contenidos de los medios y no vamos a ser invitados de piedra en la discusión sobre qué comunicación queremos para el país. Por eso rechazamos este decreto, hecho a medida de los Grandes Hermanos”.