Existen grabaciones de una reunión de ejecutivos y asesores de la multinacional en la que elaboraban estrategias para conspirar contra esta comunidad. Meridian Gold Inc. inició una demanda a seis vecinos acusándolos de haber difundido estos planes ante el juzgado correccional nacional Nº 11 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del Juez Luis Schelgel.

La empresa Minera El Desquite S.A., subsidiaria de la canadiense Meridian Gold Inc, inició una demanda a seis vecinos de esa ciudad acusándolos de haber difundido los planes de la minera para "torcer la voluntad de Esquel" ante el Juzgado Correccional Nacional Nº 11 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del Juez Luis Schelgel.

Dos de los vecinos querellados son periodistas de FM Station que difundieron la grabación denunciada por los vecinos en una conferencia de prensa. El audio corresponde a una reunión de ejecutivos y asesores de la multinacional realizada en setiembre del 2003 en la que elaboraban estrategias para conspirar contra esta comunidad y torcer la voluntad del pueblo de Esquel que rechaza rotundamente la actividad minera por el saqueo y la contaminación que provoca.

En ese cónclave dan cuenta de sus contactos con los candidatos chubutenses a gobernador de las elecciones de ese año, al igual que con varios ministros y funcionarios del gobierno nacional. También establecen utilizar a sus empleados y familiares para incidir en las juntas vecinales, entre otras medidas tendientes a lograr lo que ellos llaman "licencia social para operar". Pero la perversidad de lo denunciado por los vecinos queda demostrado cuando uno de sus ejecutivos puntualiza textualmente que "en Esquel no se deben enterar que vamos a torcer la voluntad del pueblo".

A raíz de de estos acontecimientos los vecinos de Esquel realizaron este fin de semana una concurrida asamblea donde se comenzaron a analizar estrategias para rechazar y denunciar este complot contra la comunidad por parte del sector minero. Entre las medidas se decidió continuar con las habituales marchas de los días 4 y otras acciones locales y nacionales.

Una conspiración respetuosa

En un comunicado emitido por Meridian Gold luego de conocido el resultado de la consulta popular del 23 de marzo de 2003 donde el 81% de la población rechazó su proyecto minero, la empresa afirmó "respetaremos la voluntad del pueblo de Esquel".

Sin embargo, unos meses después del plebiscito en esa reunión ejecutada en Buenos Aires en septiembre del 2003, la minera planificó de qué manera iba a revertir el rechazo popular a su proyecto de explotación de una mina de oro y plata. En ella participaron directivos locales y de Estados Unidos, junto con integrantes de su consultora norteamericana Business for Social Responsability (BSR) y de la argentina Braga Menéndez y Asociados.

Si tocan a uno tocan a todos

La persecución a media docena de vecinos es interpretado en la ciudad como una embestida contra el conjunto de la comunidad que mensualmente realiza marchas por el NO A LA MINA.

De esta manera, se pone en evidencia la decisión de judicializar y perseguir con el Código Penal cualquier oposición a proyectos extractivos y, lo que es más grave, ignorar la voluntad soberana de los esquelenses que tomaron una determinación rotunda en contra de los emprendimientos mineros.

La demanda ratifica la total veracidad de las decisiones tomadas en aquella reunión del 2003 y pone de manifiesto la existencia de una conspiración para ejecutar el emprendimiento minero a pesar de que usará el método de explotación a cielo abierto y lixiviación con cianuro que está prohibido por la legislación provincial.

Primera embestida judicial contra vecinos

Mientras a lo largo del país suman decenas las comunidades que se levantan pacíficamente contra proyectos mineros, esta demanda es el primer caso de una arremetida judicial contra vecinos.

Esta persecución tiene sus raíces ideológicas en la misma legislación minera argentina que coloca por encima de cualquier interés comunitario o regional la preeminencia de la actividad minera junto con inconcebibles beneficios fiscales, cambiarios y arancelarios a las empresas, sean nacionales o extranjeras.

En ese sentido, la política minera oficial acompañada por los gobiernos provinciales y patrocinada por el conjunto del sector minero, genera todo tipo de hostigamientos a las comunidades que resisten en defensa de las producciones sustentables y bienes naturales como el agua y el suelo.