Una asamblea de los sectores del Estado que trabajan sobre minoridad y adolescencia denunciaron a las autoridades provinciales y locales de “vulnerar todos y cada uno de los derechos de los trabajadores y niños con los que trabajamos”. Explicaron también que “se ha intentado esconder esta grave crisis desoyendo a los trabajadores y apelando a los aprietes y amenazas. Y ocultar así el alto grado de incapacidad para resolver un tratamiento integral para los niños e instaurar criminales condiciones de trabajo”.

Es por eso que hoy realizaron el corte y volvieron a exigir: “aumento salarial acorde a la canasta familiar (2200 pesos); pase a planta permanente de todos los trabajadores becarios y contratados desde hace más de 5 años; cese inmediato de las persecuciones y amenazas a los trabajadores que ejercen su legítimo derecho a denunciar y reclamar y un presupuesto acorde a las necesidades institucionales y no a los negocios de los funcionarios”.

Finalmente, pidieron el “reconocimiento de todos los adicionales adeudados desde hace más de 10 años” y pidieron “una real política de Estado comprometida con un tratamiento integral para los niños en riesgo e insertada en la comunidad”.