Tiempo atrás, esta organización respaldó la presentación de un recurso de amparo por la situación de Verónica Gómez, una compañera Promotora Educativa Comunitaria (PEC) que habiendo ganado el concurso para el pase a planta permanente había sido dejada de lado por el sólo hecho de estar embarazada.
En el momento de tener que hacer el examen médico preocupacional la compañera tomó conocimiento de que estaba embarazada y por la salud de ella y de su hijo por nacer, el médico auditor recomendó no realizar una placa radiográfica, con lo que quedaba incompleto el examen preocupacional.

Pues bien, atento a esta situación el Municipio de General Roca decidió que Verónica Gómez y Natalia Aldana, que se encontraba en la misma situación, no fueran incorporadas en la planta permanente hasta que se tomaran la placa radiográfica, hecho que sólo sucedería luego del alumbramiento. Sin embargo, se mantenía la misma condición laboral. Las compañeras, según el Municipio, debían seguir trabajando en forma precaria por la gratificación de 300 pesos, sin ningún beneficio laboral a pesar de haber ganado el concurso y con el riesgo seguro de perder el beneficio en el momento de tener que guardar reposo en el periodo de pre y posparto.

La ATE presentó el recurso de amparo porque entiende que se había configurado un gran daño y que las compañeras eran totalmente discriminadas por ser mujeres y estar embarazadas y que se estaban violando derechos amparados en leyes nacionales y acuerdos internacionales (derecho constitucional a trabajar y gozar de los beneficios de la seguridad social consagrados en la Constitución Nacional, afectando en consecuencia el derecho de propiedad, vulnerando además la igualdad ante la ley, al debido proceso adjetivo y otras normas de raigambre constitucional, como son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los derechos del niño).

En vista de todo esto, la Cámara del Trabajo, en la figura del Juez Carlos Osvaldo Larroulet, resolvió hacer lugar al amparo y obligó al Municipio a incorporar a Verónica Gómez como agente transitoria hasta tanto esté en condiciones de sacarse las placas radiográficas. Con esto la comuna roquense debe garantizar estabilidad laboral y todos los beneficios de la seguridad social.

“El juez reconoció que por ser mujeres y por estar embarazadas, las trabajadoras gozan de derechos amparados por leyes y acuerdos internacionales. Pero por el respeto a la división de poderes, la Justicia no puede obligar al Municipio (Ejecutivo) que las pase a planta permanente. Sí en cambio solicita que, hasta tanto se haga la radiografía, se le den los mismos derechos y beneficios que al resto de sus compañeras”, explicó Hugo Rojas, Secretario General del Consejo Directivo Provincial de ATE Río Negro.