En su carácter de vicepresidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), la provincia del Chubut representada en esta ocasión por el vicegobernador, en ejercicio del Poder Ejecutivo, Mario Vargas, por estar en el exterior el gobernador Mario Das Neves, firmó el jueves pasado por la noche con el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y el resto de las provincias miembros de la Organización el pacto Federal por el cual la Nación y las jurisdicciones acordaron el envío al Congreso Nacional del proyecto conocido como “Ley corta” que transfiere a las provincias el dominio y la jurisdicción absoluta sobre los recursos hidrocarburíferos, dice un informe oficial del Gobierno chubutense.

Del encuentro encabezado por el presidente Kirchner desarrollado pasadas las 19,30 horas en el Salón Norte de la Casa Rosada, participaron además de Vargas y el ministro Coordinador de Gabinete, Norberto Yauhar, por Chubut, los gobernadores y asesores técnicos de las provincias de Mendoza, Formosa, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, miembros todas de la OFEPHI; el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y los secretarios de Energía, Daniel Cameron; y de Legal y Técnica, Carlos Zannini, agrega.

Previo al encuentro con el presidente argentino en la sede que la Organización posee en Buenos Aires -señala luego- el comité técnico mantuvo una reunión en la que se analizaron los balances, el estado de situación de las provincias productoras de hidrocarburos y fundamentalmente se evaluó el acuerdo firmado esta noche con la Nación, basado en el anteproyecto de ley que en agosto pasado los miembros de la Organización encabezados por su presidente y vicepresidente, los gobernador Julio Cobos (Mendoza) y Mario Das Neves (Chubut), respectivamente presentaron ante el presidente Kirchner.

A partir de la aprobación de este proyecto, denominado “ley corta”, las provincias productoras de hidrocarburos, entre ellas Chubut, “asumirán en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran en sus territorios y en el lecho y el subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas quedando transferidos de pleno derecho todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado Nacional en uso de sus facultades legales, sin que ello afecte los derechos y las obligaciones contraídas por sus titulares”, asegura el parte.

Pero no es oro todo lo que reluce, ni verdadero todo lo que se escribe.
"El acuerdo consiste en presentar en el Congreso un proyecto de modificación de la Ley 17.319 de Hidrocarburos, para que diez provincias reciban, además de la propiedad originaria del subsuelo, la propiedad útil o jurisdiccional [1]. En la jerga legislativa llaman " ley corta " a los proyectos que se limitan lisa y llanamente a entregar la propiedad nacional a las provincias donde se extraen hidrocarburos. La llamada " ley larga " es la que intenta adecuar toda la Ley 17.319 de Hidrocarburos vigente para que a la vez reglamente el traspaso de la propiedad originaria y se "blanquee" la política privatista impuesta por Menem y los gobernadores provinciales, cuando en la Constituyente de 1994 acordaron canjear la reelección presidencial por la propiedad provincial de los hidrocarburos", afirma el Movimiento por la Recuperación de una Energía Nacional Orientadora (Moreno).

"Con la Ley 24.145 llamada de Federalización del Subsuelo y Privatización de YPF, se había dispuesto que una Comisión de Provincialización de Hidrocarburos debía presentar al Poder Ejecutivo un proyecto modificatorio de la Ley de Hidrocarburos antes del 31 de diciembre de 1992. Es decir, debía reglamentar la cesión dominial originaria a través de una Ley que podría otorgar la propiedad útil o jurisdiccional a las provincias. La Comisión nunca se constituyó y la transferencia no fue posible, porque en las Cámaras hay mayoría de representantes de las 14 provincias consumidoras, que representan el 85% de la población del país y cuentan con la gran mayoría de los diputados", precisa además ese documento, titulado "Mosconi descuartizado".

"Sin tener hidrocarburos -subraya-, ellas financiaron desde 1907 la investigación, exploración, extracción e industrialización del petróleo y gas a través de Y.P.F. y Gas del Estado, y no están dispuestas a quedar en manos de gobernadores que piensan que el petróleo es de su propiedad y pueden disponer sin límites de ese recurso. Basta observar la ley de hidrocarburos de Neuquén donde, entre otras cosas, se imponen precios, se establecen aduanas interiores, se apropia de la política hidrocarburífera nacional, se dispone la exportación e importación de energéticos, etc. Por estas razones, ni la "ley corta" (lisa provincialización) ni la "ley larga" (provincialización más blanqueo de la privatización) han tenido hasta ahora aceptación ni pudo reglamentarse la transferencia prevista en la Ley 24.145: han pasado quince años y todo sigue como entonces, lo que pone en duda todo el sustento legal con que se realizó el saqueo sufrido por la Nación".

"Ahora -alerta el Moreno-, el acuerdo de la Ofephi con el Ministerio de Planificación nacional, insistiendo en la política de la provincialización para que los gobernadores concesionen nuestro petróleo a las multinacionales de siempre, muestra la miopía y servidumbre de una dirigencia que votó las privatizaciones de 1991 y la Reforma de 1994".

Fuente: Rawson Online, Chubut