La FJA, que nuclea a los trabajadores de los tribunales en casi todo el país, señala su comprensión y su solidaridad con los familiares de las víctimas de Cromañón, pero desautoriza a aquellos que desde el poder político critican los dictámenes de excarcelación porque “son los grandes responsables de la falta de justicia”.

El Poder Judicial que tenemos -subraya- es la obra de los gobernantes nacionales y provinciales que manipularon nombramientos para tener cortes, jueces y fiscales adictos, buscando impunidad para su corrupción y sus abusos de poder, y negaron al Poder Judicial los medios legales, materiales y técnicos imprescindibles.

Advierte la FJA -con la firma de sus titulares Jorge Izquierdo y Victor Mendibil- que “una compleja jauría de personajes de conocida trayectoria cipaya, golpista, reaccionaria, venal y oportunista ha salido a la caza de garantistas aprovechando el escándalo público suscitado por la excarcelación otorgada a Chaban, pero no por la concedida a la ingeniera Alsogaray. Esa dualidad de conducta -agrega- no puede sorprender en quienes no tienen ni la menor vocación de justicia, porque si ella existiera estarían entre rejas”,

Los trabajadores judiciales sostienen que “la terrible tragedia de Cromañón, el retorno al fuego y la caverna, no tuvo una sola cauda. Fue -indica la denuncia- el producto atroz de una sumatoria de causas políticas, sociales y culturales, entre las que predominó el afán de lucro a cualquier precio, acorde a las reglas capitalistas prevalecientes, que matan y castigan a niños, jóvenes, adultos, ancianos, en los campos de batalla, en los hogares, en las escuelas, en los hospitales, en las prisiones, en los centros de tortura, en las calles. Chaban -señala- es acusado de matar a 193 personas. ¿Quién mata a los centenares de niños que mueren por año solo en Argentina por causas evitables? ¿Quiénes son los culpables de la privación ilegal de la libertad y de los tratos degradantes que sufren los presos?

La FJA afirma que los gobernantes no pueden ignorar que la indignación popular por la impunidad reinante actúa como poderoso estimulante del temor de las víctimas de Cromañón de que el caso sea un nuevo ejemplo de esa brutal agresión contra la verdad y la justicia. Pero -advierte luego- tampoco pueden ignorar que otro factor de injusticia que irrita al pueblo “es la permanencia en sus cargos de jueces automáticos, o de la servilicia, de jueces y fiscales que apañan la tortura y el gatillo fácil, que no tienen problema de llenar las cárceles de procesados, en convalidar leyes anticonstitucionales, en criminalizar a los trabajadores y desocupados que protestan, en aceptar la destrucción de los derechos laborales y en ejercer la justicia del acreedor y el inversor”.

El documento reseña la lucha de los trabajadores contra las leyes de ajuste aplicadas al Poder Judicial y por la democratización en la designación de magistrados. Si en Chubut, Santa Cruz y Entre Ríos hay Consejos de la Magistratura con participación popular, por qué -se pregunta- no lo puede haber en el resto de las justicias provinciales y Federal?

Finalmente, la FJA convoca a modificar urgentemente esta trágica realidad. No hacerlo -advierte-, no es simple ineptitud o negligencia. Es criminal.