
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió hoy que las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final son inconstituciones por ser contrarias a normas internacionales que hoy tienen jerarquía constitucional. El fallo también sostiene que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
"Llevábamos veinte años esperando este fallo y no puedo más que estar contenta y satisfecha", destacó Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y agregó que "no se pueden perdonar crímenes de lesa humanidad, no queremos venganza sino justicia, que no haya impunidad".
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dijo que "hoy la justicia ha derrumbado el último artilugio que impedía llegar a la verdad y al castigo para los responsables del terrorismo de Estado. Esta decisión es parte de un largo proceso en el que los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas y todos aquellos comprometidos con la democracia hemos mantenido inclaudicable el reclamo de justicia".
Mientras tanto la CTA saludó la decisión tomada por la Corte Suprema y que fue producto de largo años de lucha del pueblo argentinos y de sus organizaciones populares para comenzar a terminar con la impunidad en la Argentina.

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