El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI-CTA) llevó adelante un proceso legal desde 2003 para la adquisición del edificio ubicado en Avenida Independencia 946. Esto, en el marco del Programa de Vivienda Transitoria, y con el objetivo además de llevar a cabo en las instalaciones un Programa Productivo y otro de Salud, para tratar adicciones.

En marzo de este año, el movimiento consiguió que el Instituto de la Vivienda (IVC) comprara el edificio. En un principio, el organismo se lo cedería a Desarrollo Social, que iba a firmar un convenio con el MOI. Pero en el transcurso de la última semana, Gabriela Cerruti, ministra de Derechos Humanos y Sociales de la Ciudad, informó su intención de que el edificio sea utilizado con otros fines.

Frente a ello, cinco familias del MOI habitan las instalaciones de la ex clínica para evitar que el edificio fuera ocupado por personas ajenas a la cooperativa. Pero desde ayer existe una orden de desalojo, lo que genera preocupación debido a los hechos violentos que se dieron en los últimos meses en la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre la decisión de la funcionaria, los representantes del MOI explicaron que “esta intención no sólo pretende pasar por encima de una organización social que tiene una trayectoria de 16 años y que desde fines de 2003 ha impulsado este proyecto, entendiendo la importancia de que el Estado se haga de un banco de inmuebles propios para políticas de vivienda, cumpliendo lo previsto en la ley 1255; sino que desconoce arbitrariamente la propia institucionalidad pública y los límites que las resoluciones de Estado fijan a los caprichos de los funcionarios de turno”.

Vale aclarar que el objetivo del Programa de Vivienda Transitoria es brindar alojamiento a familias que están nucleadas en cooperativas de vivienda, mientras construyen una definitiva, mediante procesos de autogestión en el marco de la operatoria 341 del IVC.

Al cierre de este despacho, continuaban reunidos los dirigentes de la Central, junto al jefe de Gabinete del área de Derechos Humanos, Alejandro Mosquera, para destrabar este conflicto, evitar un desalojo y poder darle acceso a la vivienda transitoria a las 30 familias para las que estaba destinado el edificio.