A su vez, el gremio de visitadores médicos de la CTA propuso crear un marco regulatorio público para fijar los costos de la industria y volvió a reiterar las graves irregularidades por el manejo de coimas y prebendas como prácticas recurrentes de la industria farmacéutica nucleada en las tres Cámaras del sector: CILFA y Cooperala (nacionales) y CAEME (extranjeros). Esta misma presentación se realizó con autoridades del Ministerio de Salud y se efectuará con funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación.

La Asociación de Agentes de Propaganda Medica manifestó una vez más la necesidad de “fomentar políticas públicas que consideren al medicamento un bien social esencial al ser humano, desmercantilizándolo y evitando que sea considerado de consumo masivo”. Estas fueron las razones centrales por las que AAPM se reunió con la Secretaria de Comercio Interior.

Presentaron allí algunas anomalías en el mercado farmacéutico y las propuestas de los trabajadores para su corrección:

 Se debe realizar un análisis de costos de los fármacos, pues los nuevos productos que ingresan al mercado tienen valores altos y los fijan los laboratorios a su libre albedrío. El principio de marketing aplicado es “máximo valor tolerable por el mercado”, explicaron. De esta manera, los medicamentos aumentaron, desde 2002 hasta hoy, un 85% impulsado por los laboratorios.

 Todos los productos de venta bajo receta deberían ser informados con sus respectivos precios actualizados en el Manual Farmacéutico, Kairos, IMS, etc. Sin embargo, en los últimos años la industria farmacéutica no incluye las drogas de mayor costo para el tratamiento de patologías graves, que representan un 20% total de los medicamentos comercializados.

 La industria farmacéutica, tal cual denunciaron a la Comisión de Salud Pública de Diputados de la Nación, induce la venta de estos fármacos con incentivos económicos, prebendas, regalos y trabajos pseudos-científicos que no tienen ningún aval del ANMAT pero son útiles para pagar a profesionales de la salud con “cierta legalidad”, por supuesto sin ninguna ética.

 En Argentina, los medicamentos tienen un alto costo en los gastos globales de la salud de la población, totalizando el 30% del mismo. Además de la creciente medicalización de la salud. Esto no sería tan malo si llegaran solidariamente a todos los que lo necesiten. Tal cual están las cosas, hay dos clases de accesibilidad a los medicamentos: unos para ricos y otros para pobres.

 La industria farmacéutica, entre sus técnicas de ventas, cuenta con la entrega de un original de un nuevo fármaco de regalo cuando el paciente demuestra que ya compró uno (2x1). Esto nos lleva a preguntar ¿Cuál es el valor real del producto si se puede entregar dos por uno? Otro sistema de inducción es presionar a obras sociales, Estado y prepagas, a través de fundaciones creadas por los laboratorios, para que, por medio de amparos, se logre la cobertura de una patología de alto costo.

 La industria farmacéutica está transfiriendo permanentemente fármacos de venta bajo receta a venta libre (en la mayoría de los casos sin ningún criterio científico). Además, realizan publicidades en medios de difusión masiva que son falsas e inducen a la automedicación.

 La inclusión de nuevos fármacos debe tener un análisis de costo de parte del Estado. Esto ocurre en muchos países del mundo que tienen determinado costo de las patologías por protocolos y consensos científicos. Cuando aparece una novedad terapéutica, el Estado negocia el costo-beneficio de la nueva droga y determina el precio de acuerdo a los recursos del país.

 Los fármacos en Argentina tienen una alta rentabilidad, el precio de laboratorio a droguería es casi un 40% menor que el de farmacia. Esto implica que en los medicamentos de alto costo se puede aumentar el precio aunque esté congelado simplemente bajando unos puntos el descuento.

 En otros países, como Brasil, el Estado nacional obligó a ceder a los laboratorios a fijar precios accesibles en fármacos esenciales para el tratamiento de enfermedades graves (oncológicos, HIV-SIDA). Esto debe ser analizado como una acción importante para poner un límite a la voracidad comercial de los laboratorios. El Gobierno debe fijar reglas claras y firmes en la comercialización de fármacos. De no ser así, quedaremos en manos de decisiones unilaterales de la industria farmacéutica y algunas consecuencias serán las exclusiones de los profesionales de la salud, farmacéuticos, médicos, visitadores médicos sometidos a los dictados de las gerencias de marketing cuya premisa es: “la creación masiva de unidades de negocio para vender fármacos caros, de alta rentabilidad y, de ser posible, a personas sanas”.

“Necesitamos una acción férrea sobre la fiscalización del mercado de los medicamentos y la industria farmacéutica. A su vez, proponemos una gran Audiencia Pública para debatir el presente y futuro de un tema tan importante como delicado: el acceso al medicamento y el derecho a la salud. Creemos importante la participación de todos los sectores involucrados en la salud: médicos, farmacéuticos, universidades, Conicet, superintendencia salud, APE y por supuesto los visitadores médicos quienes vemos con profunda preocupación la violación permanente de los criterios éticos y el uso racional de los medicamentos que emana de la Organización Mundial de la Salud”, reclamó el secretario de Acción Social de AAPM, José Charreu.

Por su parte, Ricardo Peidro, secretario Adjunto de AAPM y secretario de Derechos Humanos de la CTA nacional, indicó en la reunión que “en realidad sabemos que esta negativa constante a nuestros reclamos gremiales, junto con despidos injustificados, son parte de las represalias de los laboratorios frente a la política de AAPM por hacer cumplir las leyes de la actividad a través de las normas de la Organización Mundial de la Salud”.