Se reabrió la negociación paritaria del gremio de prensa en la Agencia Territorial Córdoba del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde el Cispren denunció el ilegal accionar de las empresas propietarias de La Voz del Interior, Canal 12 y Radio Mitre AM 810, al impedir las inspecciones de registración laboral que están realizando el gremio y la Secretaría de Trabajo de la Provincia, como indispensable relevamiento previo a la discusión de condiciones de trabajo en la mesa paritaria.

Los paritarios del Cispren solicitaron a la autoridad laboral que "exhorte al sector empresario para que asuma un rol de colaboración en las relaciones laborales", lo que de no cumplirse deslindará a la representación sindical de responsabilidad en la continuidad de las negociaciones.

A su turno, el sector empresario pretendió alegar que las maniobras denunciadas "no hacen a la sustancia" de lo que se discutirá en la reapertura de comisión paritaria, aunque los representantes de las empresas denunciadas se ocuparon de hacer su descargo, que quedó sentado en el acta. Finalmente, se dispuso un cuarto intermedio hasta el martes 14 de octubre a las 15 horas.

El dato de que las obstrucciones denunciadas por el Cispren ante la autoridad laboral ocurren en medios que pertenecen directa, indirecta o parcialmente al Grupo Clarín, resulta elocuente para atribuir las maniobras a una estrategia común, tendiente a impedir el control de la legalidad de las relaciones laborales con su personal.

Justamente, se trata de los mismos medios que abusan de las diversas modalidades con las que se enmascara la relación de dependencia y se flexibiliza al trabajador de prensa.

Es, además, la misma política que el Grupo Clarín aplica o intenta aplicar en los numerosos medios de comunicación bajo su control, basada en una particular ideología desde la que sus referentes en Córdoba suelen definir a la legítima defensa de los derechos de los trabajadores como un "exceso gremial" que contrasta con su "responsabilidad empresaria".

El Cispren ha manifestado que "no va a cesar en su lucha contra el trabajo en negro" y considera que "el registro de los trabajadores y su encuadramiento legal son un requisito previo a cualquier discusión en el ámbito de la paritaria".