Desde hace tiempo, los Planes Sociales se han convertido en una parte fundamental para el buen funcionamiento de la administración estatal, llegando al punto en el que no se los puede prescindir sin que se resienta el funcionamiento de la provincia. Es decir, mientras que el Gobierno los considera “subsidio al desempleo” les exige una contraprestación como a cualquier trabajador.

Esta relación se da en una clara desventaja entre las partes, porque los trabajadores de los Planes Sociales trabajan 5 horas diarias por 300 pesos mensuales pero no se les reconoce ningún derecho laboral (aportes, vacaciones, aguinaldo, obra social, etc.) y se los sujeta al regímen de obligaciones de una relación laboral blanqueada. No pueden faltar porque son sancionados y no pueden reclamar porque corren el riesgo de que se les retire el plan social.

En cambio, a la total falta de derechos se les impone la firme obligación del Convenio Colectivo de Trabajo de los estatales. En suma, los sucesivos gobiernos provinciales los tratan como a un subsidio al desempleo a la hora de sujetarlos a un marco legal, pero los considera trabajadores con tareas importantes para el funcionamiento de la administración provincial.

El reclamo, originado en los Centros de Salud donde los trabajadores del “Entre Nosotros” cumplen funciones en la atención de la salud, se revitalizó tras una propuesta intermedia del Gobierno, que les quiere duplicar la cantidad de horas de disponibilidad (pasar de las 5 horas actuales a 10 horas diarias) para que el ingreso pase de 300 a 500 o 600 pesos bajo la figura de un programa denominado “asistente hospitalario”.

El rechazo unánime en asamblea a esa propuesta generó el actual plan de lucha canalizado a través de la ATE La Pampa, que lleva ya dos numerosas marchas hacia la Casa de Gobierno, la presencia de los trabajadores frente al despecho del Gobernador y los Ministros de la mañana a la noche y tuvo su punto de inflexión este sábado, cuando se realizó una Peña en el acceso a la Casa de Gobierno.