Rigane y Solanas en conferencia de prensa

El Movimiento por la Recuperación de la Energía Orientadora (MORENO) comenzó hoy con una serie de acciones judiciales “para terminar definitivamente con la impunidad con la que se han manejado los defraudadores del patrimonio público”, según informaron luego en conferencia de prensa.

Esta mañana, en los Tribunales de Comodoro Py, Fernando “Pino” Solanas y José Rigane, en sus roles de presidente y vicepresidente respectivamente del Movimiento por la Recuperación de la Energía Orientadora (MORENO), se hicieron presentes junto a su equipo de abogados, coordinado por el Dr. Salvador Lozada y presentaron un recurso de amparo “para evitar que se siga entregando nuestro petróleo y dilapidando las reservas hidrocarburíferas”, y también una acción de pedido de “inconstitucionalidad de la Ley de Reforma del Estado, que fue el instrumento matriz de la entrega y la enajenación de nuestro patrimonio”, según indicaron.

En el amparo, también se pide que se decrete la inconstitucionalidad de los decretos que desregularon todo el sector petrolero, y posibilitaron a las empresas extranjeras decidir en forma absoluta sobre los bienes que pertenecían al pueblo argentino. Si bien hubo denuncias en la década del 90, nunca se hizo una presentación integral sobre la entrega del petróleo nacional.

Luego de la aprobación del Proyecto de Ley de Incentivo Fiscal a la Exploración y Explotación Petrolera en la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, los referentes en la lucha por la defensa del patrimonio energético argentino llevaron adelante la primera medida judicial para obstaculizar la puesta en práctica de esa ley. Por eso esta acción explicitada hoy tiene como fin “terminar con las políticas entreguistas de los ‘90”.

Con la representación, Salvador María Lozada, al frente del cuerpo de abogados del MORENO, Solanas y Rigane pusieron de manifiesto la inconstitucionalidad de la ley de reforma del Estado, que fue el principal instrumento de la enajenación de nuestro patrimonio. También se pidió que “se decrete la inconstitucionalidad de los decretos que desregularon todo el sector petrolero, posibilitando así que las empresas extranjeras decidieran en forma absoluta sobre los bienes que pertenecen a toda la comunidad y que se investiguen los ilícitos cometidos por las compañías Shell, Pecom, Repsol YPF y ESSO, bajo la figura de ‘delito de evasión fiscal agravada”.

Una oportunidad

En la conferencia de prensa, Solanas expresó que “hoy hemos iniciado una causa histórica. Desde hace 4 años el MORENO viene trabajando por la recuperación de los hidrocarburos y la energía. Hace un año iniciamos una campaña de acciones. Y hoy tenemos este recurso de amparo que es el trabajo más profundo y documentado porque hace más de un año que un equipo de abogados y especialistas lo han trabajado con la participación de Daniel Lozada, Alejandro Olmos y Gustavo Callejas”, quienes estuvieron presentes en la conferencia.

Luego recordó que esta presentación es “el recurso madre de muchos otros que presentaremos, y ataca directamente a la cabeza de ese andamiaje paralegal que fueron las acciones derivadas de esa monstruosa Ley Dromi que legalizó el saqueo del patrimonio público y que facultaba al poder ejecutivo para disponer de los bienes públicos, como si el Estado fuera el propietario y no el mero administrador”, en referencia a aquel Estado que incluso los vendió sin balance ni inventario actualizado y que dio origen al saqueo de los bienes de YPF.

Por su parte, José Rigane, secretario de Interior de la CTA y secretario general de la FeTERA, añadió que “esta reivindicación va en búsqueda de resarcir a aquellos que hoy se encuentran desamparados por una política que produjo estas situaciones. Hoy se toman ratificaciones de decisiones políticas cuando se aprueba una ley para explorar y explotar y donde se les exime de todo tipo de impuestos”.

Además, explicó que “con esta iniciativa que arranca hoy, el Gobierno tiene una gran oportunidad. Siempre y cuando esté dispuesto a reivindicar una integración regional en serio, a poder pasar de una situación de absoluta privatización y entrega y a recuperar a manos del pueblo argentino el patrimonio nacional. Pero esta iniciativa la tenemos que apoyar todos los sectores, con denuncia y movilización”.

También, y ante la evidencia de la posible comisión de los delitos de evasión fiscal agravada por parte de las compañías Esso, Pecom, Repsol, y Shell, se ha decidido presentar una denuncia penal ante la Justicia Federal a los efectos de que se investigue la acción de las referidas compañías.