La medida judicial fue tomada ante el planteo efectuado por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien formuló el reclamo mediante una acción de amparo.

En su escrito, Mondino pidió que se obligue a brindar un servicio eficiente, con las condiciones mínimas de seguridad e higiene, y el estado de los vagones para el uso de personas discapacitadas.

La magistrado, a través de un informe técnico, evaluó que "es casi imposible que una persona que se moviliza en silla de ruedas pueda hacer un uso útil del servicio público" del ferrocarril.

Además, dispuso en su fallo que se incluya en el presupuesto de 2007 las previsiones para encarar una solución definitiva tendiente a la eliminación de obstáculos para minusválidos. Sarmiento señaló que es una responsabilidad del Estado Nacional "incorporar la realización de las obras pertinentes a los cronogramas de los programas de mejoramiento y proveer los medios de financiamiento a tal fin".

La jueza ordenó a la concesionaria "organizar la prestación de servicios alternativos de transporte de pasajeros con capacidad diferentes y/o movilidad reducida para satisfacer la demanda de la línea en cuestión, manteniendo recorridos, frecuencias y tarifas análogos al servicio general ferroviario de la línea".