"Es una barbaridad que el Estado hoy esté gastando entre 200 y 400 millones de dólares en la importación de uranio cuando tenemos un importante yacimiento en San Rafael, listo para ser explotado", planteó Fernando Lisse, delegado de la ATE en la PIAP.

Lisse añadió que "no vamos a permitir que intereses económicos, disfrazados de ambientalistas, hagan pagar este costo al conjunto de la población; Argentina necesita romper con la dependencia de la matriz energética hidrocarburífera". El dirigente gremial relató que un grupo de organizaciones ecologistas, lideradas por la agrupación Greenpeace, impidió la realización de una audiencia pública en San Rafael por la remediación de la mina de uranio de esa localidad, un paso previo a la reapertura del yacimiento.

Los delegados de la ATE Neuquén iban a participar de la audiencia como expositores, pero los grupos ambientalistas presentaron una medida cautelar y lograron que la Justicia suspendiera el acto. La mina de uranio de San Rafael es la única en el país en condiciones de iniciar la explotación a corto plazo. El yacimiento fue clausurado en 1994. Por eso, para reanudar la producción, se requiere previamente de una remediación del terreno.

Asimismo, comentó Lisse, que nuestra organización sindical defiende "la creación de más centrales nucleares en todo el país, para abastecer de energía a la industria y generar puestos de trabajo de alto valor agregado". La extracción de un kilogramo de uranio en Argentina cuesta "entre 8 y 14 dólares"; en tanto que ese mineral se importa hoy "a 70 y 100 dólares el kilo", abundó el dirigente.

"Vamos a hacer movilizaciones en todos los lugares donde haya actividad nuclear; para acompañar la voluntad de los gobiernos de Mendoza y de la Nación de reabrir la mina", anunció el dirigente de ATE.