A la justicia le llevó dos años y cuatro meses reconocer que eran inocentes. Como una forma de recuperar aquello que se nombra con la frase “nunca más”, ofrecemos en este informe parte de las notas sembradas por lavaca en el largo camino recorrido junto a estas víctimas de la impunidad estatal.

“Me pregunto quién puede explicarles a mi hijo y a mi nieto por qué me encerraron durante 14 meses como un animal peligroso. Me pregunto también por qué nadie escuchaba nuestras razones, por qué nadie atendía nuestros reclamos, por qué fui tratada por los medios como una criminal peligrosa”. En la puerta de los Tribunales federales de Comodoro Py, Carmen Infrán repetía una y otra vez las mismas palabras que unos minutos antes había pronunciado delante de los jueces.

Sus ojos no podían contener las lágrimas, un poco por la alegría de la absolución y otro poco por la bronca de haber conocido el infierno de la cárcel por la simple razón de haber hecho nada. Ella, junto a otros 11 acusados por los incidentes de la Legislatura, quedó absuelta de toda culpa y cargo. Sólo dos de los imputados resultaron condenados, pero por cargos menores.

A las 17.10 del lunes, después de escuchar las últimas palabras de los acusados, la presidenta del Tribunal, Aurora Moral, intentó comenzar a leer el veredicto de este juicio oral que el pasado 3 de octubre se inició contra vendedores ambulantes, transformistas y mujeres en estado de prostitución. Un acceso de tos le impidió cumplir con su objetivo y debió pasarle la posta a su colega, Alejandro Nocetti Achával, quien mencionó uno a uno a los procesados que resultaron inocentes de ese insólito combo de delitos que se les endilgaba: coacción agravada, privación ilegítima de la libertad, daños calificados y resistencia a la autoridad.

Pablo Martín Amitrano, Héctor Gómez, Carlos Santamaría, Eduardo Suriano, Adolfo Sánchez, Jorge Nieva, Eduardo Ruiz, Antonio Medina, Jesús Fortuny Calderón, Carmen Infran, Marcela Sanagua y Margarita Meira fueron exhalando hondo a medida que el juez pronunciaba sus nombres. Como Infrán, todos sintieron esa extraña mezcla de inmensa felicidad y profunda furia.

Distintos fueron los casos César Gerez, condenado a un año de prisión en suspenso por daños agravados, y Javier Scaramella -que recibió un año y diez meses de castigo por la misma imputación-, único acusado que permanecerá detenido por tener otras causas penales abiertas. No obstante, ambos fueron absueltos por los delitos más graves. De esta manera, en fallo dividido, el Tribunal desestimó el pedido del fiscal Juan José Ghirimoldi, quien había solicitado tres años de prisión para todos los imputados, excepto Margarita Meira, la vendedora ambulante que ni siquiera resultó acusada por el fiscal.

Un llamado de atención

Después de escuchar a casi 150 testigos, el proceso desnudó el desaprensivo funcionamiento del Poder Judicial y las irregularidades y arbitrariedades de la Policía Federal. Todos los absueltos admitieron haber participado de la manifestación contra la reforma del Código Contravencional aquel 16 de julio de 2004. Pero ninguno, como quedó demostrado, participó de los desmanes. A lo largo de las audiencias quedó establecido que los arrestos fueron realizados al azar, fuera del área de los incidentes, a manifestantes que eran presas fáciles y sin respetar los derechos que le asisten a cualquier detenido. También resultó evidente el forzamiento y la falta de fundamento para utilizar figuras jurídicas tan severas que impedían la excarcelación de los procesados. Ninguno de los casi 60 empleados de Legislatura -entre personal de seguridad, administrativo o político- que pasaron por las audiencias declaró haberse sentidos privado de su libertad ambulatoria.

Y todos los legisladores que ofrecieron testimonio, sean del bloque que fueran, negaron haber sido coaccionados para no votar por la reforma. No obstante, los 14 procesados más Héctor Ojeda -que se benefició con la figura de la probation- pasaron 14 meses detenidos en los penales de Devoto, Ezeiza y Marcos Paz.

El último punto de la sentencia, precisamente, constituyó un llamado de atención a la jueza que instruyó la causa, Silvia Ramond: el fallo del Tribunal Oral le ordena profundizar la investigación de los incidentes que terminaron con puertas y vidrios rotos en la Legislatura porteña. A la salida de la sala de audiencias, los acusados también le apuntaron a la magistrada y anunciaron sus intenciones de impulsar el juicio político contra ella y el fiscal de instrucción Claudio Soca. También manifestaron que iniciarán el camino judicial necesario para recibir un resarcimiento económico por el tiempo que pasaron presos de manera injustificada. “Este fallo no legitima la justicia, sino todo lo contrario. Con 14 meses presos, la protesta ya fue criminalizada. ¿Quién le devuelve a esta gente el tiempo que pasó en prisión? Todo esto pone en evidencia el funcionamiento de un sistema, cómo se utiliza la prisión preventiva como pena anticipada”, subrayó Claudio Pandolfi, abogado de Meira.

El constitucionalista Roberto Gargarella, la socióloga Maristella Svampa y Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora fueron algunas de las personalidades que presenciaron la audiencia. “Al principio, presentaron todo como una causa que estaba cerrada, y a medida que transcurría el juicio oral, se iba desinflando por su inconsistencia”, sintetizó Gustavo Palmieri, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que asistió a escuchar el veredicto.

Minutos después de la sentencia, acusados y abogados se reunieron en el comedor popular que atiende Margarita Meira para celebrar la absolución con empanadas, matambre y cerveza. Allí todavía decoran las paredes los carteles que exigían la libertad de los presos de la legislatura. La alegría y la bronca, entonces, se seguían mezclando en esa humilde casa de Constitución.

Fuente: Agencia La Vaca (www.lavaca.org.ar)