Los resultados de este relevamiento, llevado a cabo por el Departamento de Discapacidad de la Central cordobesa, fueron presentados como ponencia en el “II Encuentro sobre la Problemática del Ingreso a la Universidad”, organizado por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y fue el único trabajo que abordó el tema de la discapacidad, sobre un total de aproximadamente 100 exposiciones pertenecientes a 24 universidades nacionales.

En uno de los párrafos del trabajo se subraya que "es significativa la carencia de políticas institucionales integrales” para las personas con discapacidad; que “la única acción o política institucional de la UNC, y probablemente la primera en su historia, fue la aprobación por el Consejo Superior de la exención al pago de la contribución estudiantil para estudiantes con discapacidad, en el 2005”; y que “huelgan los comentarios acerca del carácter infructuoso que presenta una medida absolutamente aislada como esta”.

“Si bien en la práctica y a nivel jurídico-normativo no existen restricciones formales al acceso e ingreso a la UNC, se observa que tampoco están previstos los dispositivos institucionales para apoyar el tránsito de estudiantes con discapacidad; es decir, estrategias de contención que apunten a favorecer su permanencia y posibilidades de avance cuando se requieran apoyos o soportes específicos”, apuntan en el informe.

En este marco, Mauricio Mareño Sempertegui, responsable de este estudio, relató que desde el Departamento de Discapacidad de la CTA “nos planteamos como objetivo de lucha no solamente el reconocimiento y el ejercicio pleno del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, si no también a la formación y capacitación para el mundo laboral.

En ese marco, preguntarse por las oportunidades de formación para el empleo que presentan las personas con discapacidad, creemos que es fundamental”. Indicó además que en su experiencia laboral en dos unidades académicas pertenecientes a la UNC, donde se trabajó con estudiantes con discapacidad se comprobó que “en esta Universidad no existe ninguna política o programa establecido para abordar estas situaciones particulares”, y afirmó que existen “incomprensibles vacíos institucionales”.

En relación a la existencia de programas específicos para las personas con discapacidad en las doce facultades de la UNC, Mareño Sempertegui dijo que éstas “presentan un denominador común, exceptuando las que mencioné, son intervenciones que se caracterizan por su carácter excesivamente informal y paliativo”.
En relación a estas faltas sostuvo que “es evidente que es un tema que no forma parte de la agenda de esta Universidad, hay un significativo desconocimiento y también una notable subteorización sobre la temática”.

“Además pareciera -continuó- que al no ser masivo no es importante. La lógica empresarial de inversión-costos- beneficios, instalada en nuestras universidades hace unas décadas, es un factor de peso a la hora de tratar de entender las acciones y omisiones de esta Universidad. Ahora bien, sin dudas se trata de un problema cultural y social, nuestro objetivo fue focalizar la mirada en la UNC, pero considero que como sociedad nos debemos una reflexión crítica sobre el tema de la inclusión educativa y social de las personas con discapacidad”.

El especialista demandó “modificaciones e incorporaciones a nivel normativo, curricular, estadístico, en cuanto a políticas activas de inclusión educativa” que se articulen “necesariamente con cambios a escala urbanística, arquitectónica y comunicacional”, por lo tanto, “es necesaria una propuesta de abordaje integral que aborde todas las barreras hoy existentes”.

Al respecto, dijo que “seria oportuno, entonces, que los estatutos de esta universidad se ajusten a la extensa normativa vigente, conformada por leyes nacionales, tratados y declaraciones internacionales, donde se responsabiliza al Estado a garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación superior de carácter público a toda persona, incluidas por supuesto, las personas con discapacidad”. Sin embargo, “la existencia de una normativa no es garantía del cumplimiento de estos derechos, en el campo de la discapacidad hay una amplia normativa nacional que en los hechos no se cumple, se desconoce entonces, las buenas intenciones que propugnan las normativas deben expresarse en políticas concretas”.

A nivel estadístico, Mareño Sempertegui apuntó sobre la importancia de incorporar “en los instrumentos de recolección que tiene la Universidad de Córdoba indicadores que permitan captar información relacionada con la cuantificación y caracterización de las personas con discapacidad: conocer quiénes son, qué tipo de discapacidad presentan, qué `herramientas’ traen de la escuela media, qué apoyos o soportes tecnológicos tuvieron, cuáles necesitan; se trata de información es indispensable para poder diseñar y ejecutar un programa o política al respecto”.

Finalmente, cabe destacar que desde el Departamento de Discapacidad de la CTA Córdoba se está analizando la posibilidad de ingresar como expediente a la UNC un documento donde se exponga una propuesta de abordaje integral de la temática que sería elaborada por este departamento de la central, junto a otras organizaciones; además, se buscará el aval de diferentes unidades académicas de la universidad para otorgar mayor peso a esta iniciativa.