“Es desde todo punto de vista, lamentable y desesperanzadora”, se afirmó en un documento que consideró a la actitud oficial “un indicador claro de una democracia que no funciona y de un descompromiso político con los sectores de la sociedad más vulnerables”.

La CTA, a través de su Departamento de Discapacidad, repudió la postura y denunció “la ausencia total de políticas activas y universales en favor de las personas con discapacidad que constituyen el 10 % de la población y el manejo discrecional de los fondos disponibles para el sector a través del asistencialismo que no resuelve los problemas de fondo pero asegura el clientelismo político”. Además, aseguró que hay “discriminación de las personas con discapacidad de bajos recursos ante la ausencia de políticas que las abarquen agregando así, a su marginación por la pobreza, la que proviene de su discapacidad; y por último, el discurso mentiroso que respecto de la problemática hacen las autoridades provinciales responsables”.

En la nota, el departamento de Discapacidad de la Central afirma: “Lo recomendado por la titular del Instituto Provincial de Discapacidad a la Legislatura, sobre no aprobar la adhesión de la Provincia a la normativa nacional que establece la obligación del Estado de brindar los servicios que garanticen la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad, argumentando que por razones de oportunidad y conveniencia se debería dejar esto para cuando la Provincia solucione sus problemas de índole económica, sintetiza en su esencia lo actuado durante la presente gestión a favor de las personas con discapacidad”.