Entre el 2 y el 4 de noviembre -recordaron desde la AJB- la Junta Federal de Cortes Supremas y Tribunales Superiores provinciales (JUFEJUS) y el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte bonaerense realizaron en Mar del Plata una actividad de capacitación de los magistrados judiciales. “El 20 de noviembre próximo dicho Instituto dará tribuna a cuatro jueces norteamericanos para que convenzan a nuestros magistrados sobre las bondades del Análisis Económico del Derecho, teoría de rancia estirpe neoliberal gestada en Chicago para subordinar la legalidad a las `reglas del mercado’, esta vez, del negocio de los seguros”, denunció la Asociación Judicial Bonaerense.

Asimismo, emitió una declaración en la que señala que existen “muchos motivos para preguntarse desde dónde y para qué se está capacitando a nuestros magistrados, porque desde su origen la JUFEJUS ha sido la cabecera de playa del plan de reforma judicial financiado e impulsado por el Banco Mundial para consolidar las reformas económicas neoliberales durante los gobiernos de Menem, De la Rúa y Duhalde”. Y agrega que “parte central de ese plan procura desmantelar los derechos de los trabajadores de la justicia, siguiendo como paradigma lo ocurrido en Córdoba bajo la dirección del doctor Sesin que, entre otras cosas, ha multiplicado el trabajo precario y gratuito en la justicia”.

En relación a la participación del Banco Mundial en las jornadas de Mar del Plata, desde la AJB señalaron que el temario de ese encuentro “eludió las causas éticas, políticas, económicas y sociales fundamentales que incapacitan a los jueces para hacer justicia, como ha ocurrido durante más de 30 años con el juicio y castigo a los genocidas”. Y repudiaron que la justicia de los Estados Unidos sea “funcional al modelo y a la política imperial”, por lo tanto, “no es la mejor escuela para formar jueces que protejan nuestros intereses nacionales y nuestro desarrollo como pueblo soberano”.

El gremio enrolado en la CTA sostuvieron que “no parece razonable gastar fondos propios o prestados en capacitación tecnocrática que perpetuará la denegación de justicia que padece la gran mayoría del pueblo”.

También llamaron a que en el tema capacitación, la prioridad sea “los valores humanos: honradez, austeridad, solidaridad social, independencia de criterio, cumplimiento de la palabra jurada, compromiso sincero con la democracia y con los necesitados de justicia”. Clamaron por un “proyecto de justicia autodeterminado” basado en “la legalidad de los derechos humanos universales e integrales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos, a las mandatos del mercado”. Y concluyeron en la necesidad de tender a la “más amplia participación ciudadana posible, en especial, de las organizaciones sociales de derechos humanos, gremiales, universitarias, ambientalistas, de promoción de derechos de jubilados, mujeres, niños, adolecentes, desocupados, discriminados, pobres, víctimas del gatillo fácil”.